A Alejandro Ponsoda no lo mataron por dinero, ni por ningún plan urbanístico. Lo mataron por odio. Así lo declaró ayer el responsable de la investigación por el asesinato del alcalde de Polop en el juicio que se celebra desde el lunes con un jurado popular en la Audiencia de Alicante. El capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cuerpo de élite que investigó el crimen, aseguró que Juan Cano, sucesor de Ponsoda al frente de la Alcaldía, era el único autor intelectual posible del asesinato y que la investigación logró establecer que «tuvo la oportunidad, la motivación y el acceso a las armas».
En una declaración de más de cinco horas, dos para responder a las acusaciones y el resto para las defensas, realizó una pormenorizada exposición sobre las conclusiones de la investigación. Un interrogatorio que por momentos fue tenso y en el que las defensas trataron de cuestionar las pesquisas. El abogado de Juan Cano, Javier Boix, tildó directamente su testimonio como «una novela de Pérez Reverte».
El capitán de la unidad comenzó desgranando todas las líneas que se abrieron en los primeros momentos y que se fueron descartando. Entre ellas, la posibilidad de que el móvil estuviera relacionado con la vida privada y sentimental de la víctima, hipótesis que se cerró al confirmar que en ese entorno el munícipe asesinado guardaba su anonimato y nadie sabía quién era ni dónde vivía. También se descartaron a vecinos con conflictos con el Ayuntamiento. «Había amenazas hacia él como cargo público que descontextualizadas pueden parecer relevantes», explicó.
El responsable de la investigación tildó de «ejecución» el asesinato de Ponsoda donde la víctima no tuvo posibilidad alguna de defenderse. El regidor fue tiroteado cuando llegaba en coche a su casa en la pedanía polopina de Xirles poco antes de las diez de la noche del 19 de octubre de 2007 tras asistir a un acto en la casa de Cultura. Los investigadores tenían claro que se trató de un crimen por encargo, pero les llamó la atención que la persona que envió a los sicarios al domicilio de Ponsoda esa noche tenía datos precisos sobre cuáles iban a ser sus movimientos y que iba a estar allí no muy tarde para dar la cena a su padre octogenario. «Tenía acceso a los hábitos de Ponsoda y a su agenda», dijo, ya que no era habitual que llegara a casa a esa hora.
Desde los primeros meses de la investigación, la UCO ya apuntaba a Juan Cano como el principal sospechoso del crimen. Un asesinato para el que el móvil fue «el odio», causado por años de resentimiento al reprochar a Ponsoda que no le hubiera sabido defender frente a la dirección del PP cuando el partido decidió relegarle en las listas al Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2003. Algo que ocurrió a raíz de la implicación de Cano en una cinta en la que aparecía reclamando una comisión a un empresario. «Durante la primera legislatura de Cano como concejal de Urbanismo en Polop diseñó un planeamiento que iba a aumentar la población de 3.000 a 34.000 habitantes», explicó el capitán que añadió que el edil «tenía una gran capacidad de gestión». Tras su exclusión de la Corporación, Cano quedó al margen de este desarrollo, que se puso en manos de otra persona, Juan Andrés Llorens, aunque durante esos cuatro años intentó seguir controlando el Urbanismo desde fuera del Ayuntamiento a través de una Gerencia. «Cano consideraba que lo apartaron injustamente y tenía un sentimiento de traición hacia Ponsoda que pasó a ser de odio», explicó el agente, sobre todo cuando pudo volver al Ayuntamiento en 2007 porque «dependía de él»para ganar las elecciones.
Un hombre que dejaba hacer
La actitud de Ponsoda de huir de los conflictos y los enfrentamientos hizo descartar a los investigadores como móvil la oposición del primer edil a algún plan urbanístico concreto porque «todo el mundo era consciente de que el alcalde no participaba en esas decisiones», dijo. En esta línea, planteó que el alcalde asesinado «dejaba hacer» a sus concejales. El mando de la Benemérita aseguró que tras las elecciones de 2007, en las que Ponsoda encabezaba una lista controlada por Juan Cano, éste empezó a expresar su cansancio y su intención de marcharse del Ayuntamiento. «Tenía una sensación de incomodidad hacia su equipo de gobierno y esto era lo único que lo tenía preocupado antes de su muerte», dijo. Durante esos meses, «sufría desprecios continuos de sus compañeros de partido», especialmente de Cano, y se incrementó la presión para que se marchara. En este sentido, atribuyó a personas próximas a Cano los primeros rumores que vinculaban el móvil del crimen con la vida personal de Ponsoda. «Cuando las circunstancias de este crimen deberían mover a la compasión, intentaban responsabilizar a la víctima de su propio asesinato», dijo.
El capitán de la UCO explicó que a esas alturas de la investigación tuvieron que replantearse las pesquisas porque no lograron establecer la conexión de Juan Cano con los sicarios que cometieron los disparos. Por este motivo, pusieron en marcha una investigación sobre personas con acceso a armas en el mercado negro que pudiera permitirles dar con los autores materiales de los disparos. Dentro de estas pesquisas lograron contactar con el testigo protegido, un portero del club de alterne Mesalina, que fue quien les desveló que le ofrecieron 35.000 euros por el asesinato en una reunión celebrada en uno de los reservados del prostíbulo y, al rechazar el trabajo, éste le dio los nombres de otras personas.
De las entrevistas con este testigo se obtuvo que los disparos habrían sido obra de Raúl Montero y los checos Radim Rakowski y Robert Franek, explicó. «Todos ellos son personas con acceso a armas y estaban en la zona de Benidorm en las fechas próximas a los hechos», explicó. A lo que añadió que la novia de Raúl les contó en su día que tuvieron que marcharse precipitadamente de la ciudad a finales de octubre tras una noche en la que él no volvió a casa. «Raúl (a quien los investigadores se referían por el alias de "el farmacéutico" porque había vendido pastillas) desapareció de Benidorm el 2 de noviembre, días después de la muerte de Ponsoda», dijo. Y señaló que no se marcharon de manera inmediata porque Ponsoda tardó ocho días en morir. «El trabajo no estaba acabado y había problemas con el cobro», apostilló.
Intermediario
El responsable de la investigación señaló que el propio Raúl mencionó en sus declaraciones al empresario Salvador Ros, quien le habría propuesto matar al alcalde. Los agentes sospechaban que Ros (conocido como «el zapatero» por tener tiendas de calzado) actuaba como intermediario de Juan Cano porque «no tenía ningún conflicto real con Ponsoda».
Los otros instigadores del crimen para los investigadores serían Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, propietario y gerente del club de alterne Mesalina. «El testigo protegido dio una descripción física muy clara de Juan Cano», dijo, a lo que añadió que fue la vinculación del sospechoso con el club de alterne lo que les permitió dar la conexión del exalcalde con las armas y los sicarios.
El abogado Hermosilla, Francisco González, cuestionó al mando del Cuerpo que no se hubiera investigado al testigo protegido porque éste no había sido contratado a trabajar en el club hasta 2008, un año después del asesinato. «Mucha gente estaba allí sin contrato y en un club de alterne no se trabaja como en una sucursal de Banesto. Le pueden encargar ir de madrugada a dar una paliza a un cliente que debe dinero», apostilló. En otro momento del interrogatorio, ante supuestas contradicciones sobre las fechas de las reuniones, aseguró que «la preparación de un asesinato no se agenda».
A la abogada de Franek, Mariana Ivanova, le contestó rechazando supuestas prácticas irregulares en las detenciones y aseguró que todos los arrestados estuvieron asistidos por letrado. Ante la defensa de Ros, Jorge Martínez Navas, admitió que no había investigado si se hicieron las quince transferencias para el pago del crimen que relató el testigo protegido. Tampoco hay registros de llamadas entre Cano y el resto de los acusados.
