La Audiencia Provincial ha endurecido las penas de internamiento impuestas a tres de los cuatro menores de 14, 15 y 16 años condenados el pasado octubre por un juzgado de Alicante por violar a una compañera de instituto, de 14 años, en la Marina Alta. El tribunal considera que las medidas de internamiento acordadas por el juzgado de Menores número 2 de Alicante, de entre dos y tres años, «resultan un tanto cortas». El fallo hecho público ayer por la Sección Tercera de la Audiencia revoca parcialmente la sentencia y amplía la pena al cabecilla de la violación grupal de tres a cinco años de internamiento en régimen cerrado y dos años de libertad vigilada como autor de tres delitos de agresión sexual, uno de amenazas y otro de revelación de secretos.

La sentencia dictada tras los recursos de apelación de las partes recoge también el incremento del internamiento de dos años y medio a cuatro años y seis meses a otros dos menores, así como dos años más de libertad vigilada. Por el contrario, la Audiencia mantiene la pena de dos años de internamiento al cuarto implicado, que no llegó a penetrar a la menor, pero participó en la agresión sexual.

La abogada de la acusación particular, Mónica Mas Franqueza, y la Fiscalía habían solicitado unas penas más severas, mientras que las defensas recurrieron el fallo y pidieron la absolución. Mientras que las penas han sido endurecidas a los principales implicados en la violación grupal, la Audiencia no ha estimado la petición de una indemnización de 100.000 euros por las secuelas psicológicas causadas a la víctima y mantiene los 12.000 euros fijados en la sentencia inicial por el juzgado de Menores número 2 de Alicante. En este sentido, señala el tribunal que «sin negar gravedad a los hechos enjuiciados y sus consecuencias para la víctima, hemos de señalar que la cantidad de 12.000 euros se corresponde con las sumas usualmente otorgadas por delitos de tal naturaleza por esta misma sala».

Alejamiento

El tribunal también mantiene también la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros, a su domicilio, lugar de estudio o zonas que frecuente, así como comunicarse con ella durante cinco años.

La Audiencia destaca la gravedad de los hechos y la falta de arrepentimiento de los menores, que a su juicio evidencia que las familias han sido incapaces de «transmitir a los menores unos determinados valores de respeto y convivencia, que son aspectos sobre los que deberán trabajar los profesionales del medio cerrado en el que deberán permanecer durante un tiempo superior al que se refleja en la sentencia» ahora revocada parcialmente.

Los hechos declarados probados por el juzgado de Menores que ahora ha ratificado la Audiencia ocurrieron durante el verano de 2018 en un municipio de la Marina Alta. La víctima, de 14 años, había quedado con un amiga y esta se presentó en su casa con cuatro amigos de 15 y 16 años que conocía de verlos en el instituto. Todos se marcharon a dar una vuelta pese a que la víctima le dijo a su amiga que no quería estar con ellos y tras darse un paseo sola por el cementerio volvió y comprobó que la otra chica se había marchado. Sólo estaban los cuatro chicos.

Al ver la situación intentó marcharse, pero no le dejaron y empezaron a empujarla para que caminara delante de ellos. La menor «estaba bloqueada y no fue capaz de reaccionar escapándose», indica la sentencia. Así estuvieron caminando por un camino de tierra durante 15 minutos y llegaron a una zona de campo donde había una fosa rectangular, una especie de balsa.

Dos de los cuatro menores bajaron a la fosa y los otros dos empujaron a la menor para que hiciera lo mismo. Una vez abajo, dos de ellos comenzaron a realizarle tocamientos, por lo que ella intentó zafarse de sus agresores y le dio un puñetazo al cabecilla, quien reaccionó de forma agresiva y le golpeó. Acto seguido se consumo la violación grupal, en la que tres de los cuatro menores llegaron a penetrar a la víctima.

Una vez consumada la agresión sexual el cabecilla le dijo que habían grabado todo y le mostró el vídeo, al tiempo que le decía que debía pagarles 50 euros para que lo borrasen. La chica le indicó que no tenía ese dinero y el menor le dijo que le llevara 15 euros al instituto. Como tampoco le llevó el dinero enseñaron el vídeo a otros alumnos del instituto o comentaron su existencia a los estudiantes.

La víctima no contó inicialmente lo ocurrido en su casa porque su padre estaba mal de salud y además tenían graves problemas económicos, por lo que no quería aumentar sus preocupaciones.

La menor decidió vivir su tormento «en soledad», pero dejó de comer, perdió peso y sufrió un cuadro depresivo, según la sentencia. La denuncia fue presentada finalmente en febrero, aunque desde octubre ya fue contando algunos aspectos de lo ocurrido a profesionales del instituto.