Un juzgado de lo Penal de Alicante ha condenado a un agricultor a pagar los poco más de 3.000 euros que costó a las arcas públicas el dispositivo para apagar un incendio forestal en Benimantell, iniciado por una imprudencia durante una quema de rastrojos controlada. El acusado aceptó ayer una pena de tres meses de prisión por estos hechos al llegar a una conformidad con la Fiscalía, según confirmó este diario en fuentes cercanas al caso. La superficie afectada fue casi una hectárea entre los términos municipales de Callosa d'En Sarrià y Benimantell. Tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y la defensa, el acusado admitió los hechos que se le imputaban y ya ha pagado el dinero que le reclamaba la Generalitat Valenciana.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo de 2013 cuando el agricultor estaba realizando una quema de rastrojos en una finca propiedad de su padre, y que se encontraba en una zona conocida como Partida Xunquera. Aunque los trabajos contaban con la autorización preceptiva, la Fiscalía consideraba que se incumplieron las condiciones establecidas en el Plan Local de Quemas del Ayuntamiento de Benimantell para eliminar los restos.
Incumplimientos
El escrito de acusación, reconocido ayer por el procesado, relata que éste se marchó del lugar de la quema antes de que las llamas quedaran totalmente apagadas y que los cortafuegos alrededor de la zona eran inferiores a los dos metros, tal como establecía el protocolo del citado plan municipal. El viento hizo que las llamas se extendieran a la vegetación forestal cercana. En total, como consecuencia del incendio ardieron 0,522 hectáreas de monte y 0,412 de bancales agrícolas, así como los daños causados en la propia finca.
La Generalitat estaba personada en este proceso y reclamaba 3.079 euros por los gastos de la extinción de las llamas, un dinero que el acusado había pagado antes de que se celebrara la vista oral. Desde hace diez años, el gobierno autonómico se está personando en todas las causas abiertas por incendios forestales para intentar recuperar los cuantiosos gastos que suponen para la administración la extinción.
La Fiscalía pedía inicialmente una pena de nueve meses de prisión por un delito imprudente de incendio forestal y que redujo a tres meses.
