La Audiencia de Alicante ha condenado a un matrimonio residente en Elda y a sus dos hijas por un delito de estafa y otro de insolvencia punible por la venta de una finca a una pareja de extranjeros que había decidido fijar su residencia en España, a sabiendas de que una parte de sus terrenos iban a ser expropiada con motivo de las obras de ampliación de la carretera de Monóvar.

El tribunal considera probado que el matrimonio formado por C.L.S. y A.G.M. actuó "con ánimo de obtener un beneficio económico" y abusó "de la condición de extranjeros de los adquirientes" para ocultarles que la parcela objeto de la venta estaba afectada por la construcción de esa red viaria.

Es más, según el fallo, también ocultó que el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elda preveía que la finca quedase dividida en dos mitades tras la construcción de un nuevo vial de 20 metros de altura.

La sentencia condena al matrimonio a una pena de un año de prisión por el delito de estafa y a seis meses más por el de insolvencia punible, del que también considera responsables a sus hijas, tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y las defensas de los acusados en el momento del juicio.

Los hechos sucedieron el 25 de marzo de 2010, cuando el matrimonio acordó la venta de la parcela a la pareja formada por un italiano y una alemana, que habían decidido fijar su residencia en España tras su jubilación.

El contrato de venta se cerró por un precio de 300.000 euros, con una primera entrega de 60.000 euros. El resto del importe quedaba aplazado hasta el momento de la firma de la escritura pública con entrega de llaves.

El matrimonio extranjero tuvo conocimiento de la situación real de la finca, y de quedaba afectada por el proceso de expropiación, en octubre de ese año y en ese momento interpuso denuncia.

El Juzgado número 1 de Elda dictó sentencia en febrero de 2012 por la que anuló el contrato de venta y condenó a los acusados a devolver los 60.000 euros recibidos.

Además, les impuso el pago de una indemnización de 3.000 euros por el daño moral ocasionado y el pago de las costas del proceso, que se fijaron en 31.574 euros.

Dicha sentencia fue confirmada por la Sección Quinta de la Audiencia en septiembre de 2013. Pero, además, durante la tramitación del procedimiento civil seguido para la reclamación de esas cantidades, los acusados "fueron desprendiéndose de todos sus bienes libres de carga", según el fallo.

Así, vendieron una finca a un tercero, donaron otra finca a una de sus hijas y, por último, cedieron un garaje a la segunda de ellas. Ésta, a su vez, vendió dicha plaza de aparcamiento a terceros.

A la vista de esos hechos, admitidos por los acusados, el tribunal condena a los cuatro a las penas referidas de un año y seis meses de prisión, en el caso del matrimonio, y de seis meses para sus hijas, aunque les concede el beneficio de la suspensión de la pena por un plazo de dos años, después de que los denunciantes confirmasen que habían alcanzado un acuerdo extrajudicial con los procesados para el pago de las indemnizaciones previstas.