El juicio por el mayor fraude fiscal en la importación de coches de lujo (ocho millones de euros) ya tiene fecha, tras haber sido suspendido en cuatro ocasiones desde que llegó a la Audiencia de Alicante. El tribunal ha señalado hasta 18 sesiones entre el 23 de noviembre y el 18 de diciembre de 2020 para el proceso de Autosalón. La sala ha aprovechado un hueco surgido a última hora en su apretada agenda de señalamientos para adelantarlo, ya que estaba complicado celebrarlo antes de dos años. Un macroproceso en el que hay que tomar declaración a seis acusados, cuarenta y tres testigos y cuatro peritos. Aunque la Audiencia prevé que el proceso pueda quedar visto para sentencia el 15 de diciembre, ha reservado tres días más para tener un margen con el que hacer frente a cualquier incidencia.
El principal acusado es Juan Andrés C. P., quien fue detenido y encarcelado el pasado mes de septiembre en el marco de la Operación Beautiful, en la que se desmanteló una de las mayores redes de blanqueo de capitales y narcotráfico de la zona Mediterránea. Tras el registro de su casa en el marco de esta reciente operación se le intervinieron 1,5 millones de euros en efectivo, así como un yate de lujo valorado en dos millones. Antes de su arresto, se estaba tanteando la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo en el presunto fraude fiscal de Autosalón. Fuentes cercanas al caso señalaron que, con la entrada en prisión del acusado, se complicaba cerrar pacto alguno.
En los últimos años la Audiencia de Alicante ha intentado sin éxito hasta en cuatro ocasiones celebrar la vista oral por el macroproceso, por lo que es la quinta vez que se señala.
1 - Octubre de 2016
La negociación que no cuajó
El juicio de Autosalón tenía que haber arrancado en octubre de 2016, pero los acusados plantearon la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Agencia Tributaria. Sobre el papel, Hacienda estaba dispuesta a hacer importantes rebajas en la petición de penas de cárcel si los implicados se declaraban culpables y pagaban el dinero que se les reclamaba. Comenzó así una larga negociación entre las partes, que obligó a suspender la vista oral ante la posibilidad de que se cerrarra una conformidad. Tras comprobar que no se avanzaba en esas conversaciones, la Audiencia realizó un segundo señalamiento al que se llegó sin acuerdo alguno.
2 - Noviembre de 2017
Retraso de documentación
La llegada a última hora a la Audiencia de miles de documentos, aportados por la Agencia Tributaria y reclamados por las defensas, obligó a volver a suspender el juicio en el primer día del segundo señalamiento. Las defensas los habían reclamado porque los consideraban necesarios para planificar su estrategia durante la vista oral y alegaban que ahora no tenían tiempo material para estudiarlos. Las cajas con la documentación original han estado en la oficina judicial desde entonces a disposición de las partes. La sala rechazó la petición de los abogados de devolver la causa al juzgado, retrocediendo todo el proceso al momento en que los letrados tenían que presentar sus escritos de conclusiones provisionales.
3 - Mayo de 2019
Defunción de un letrado
El repentino fallecimiento del abogado del Estado que se había hecho cargo del proceso, obligó a una nueva suspensión, ya que la vista oral estaba prevista en mayo de este mismo año.
4 - Enero de 2020
Sin espacio para celebrarlo
El juicio de Autosalón tenía que haber comenzado en enero de 2020, pero este cuarto señalamiento se encontró con la dificultad de que no había espacio en la Audiencia para celebrarlo. El tribunal había previsto desarrollar la vista oral donde habitualmente se celebran los juicios con jurado popular, al ser la única sala con capacidad para los 21 letrados de la defensa, el abogado del Estado y el fiscal. Pero ésta estaba ocupada para celebrar el proceso por el asesinato del alcalde de Polop en las mismas fechas. En la Audiencia intentaron pedir la cooperación de los juzgados de Benalúa, planteando que les volvieran a ceder las dependencias que se han usado para el caso Sala. Esta vez la respuesta fue negativa, asegurando que en Pardo Jimeno están al completo y no tienen capacidad para un macroproceso de este tipo.
La Audiencia ha reservado para noviembre de 2020 la sala de jurado a fin de poder celebrar el proceso de Autosalón. Fuentes cercanas al proceso expresaron su temor de que la oficina para procesos con un tribunal popular registre una causa urgente con preso que obligue a otra suspensión.
La Fiscalía solicita para Juan Andrés C. P. y para otros cinco procesados, entre ellos su exmujer, penas que suman 169 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y falsificación de documentos. Además de las penas de prisión, que en el caso de el empresario la petición es de 44 años de cárcel, el Ministerio Público pide en su escrito de acusación multas por un valor de 132 millones de euros por el fraude del IVA.
El fiscal señala que cinco de los seis acusados se pusieron de acuerdo para estafar a Hacienda mediante la devolución indebida del IVA que simulaban haber pagado en la compra-venta de turismos alta gama importados de Alemania. Para ello se valieron, según el fiscal, de varias sociedades pertenecientes al Grupo Auto Salón que dirigía el empresario Juan Andrés C. P. y se dedicaban a la compra-venta de vehículos de alta gama procedentes de la Unión Europea. Los coches eran matriculados en España y vendidos a terceras personas. El fraude del IVA corresponde al periodo 2004-2007. Según la Fiscalía, para consumar el fraude llevaban a cabo «operaciones intracomunitarias» trayendo coches de la UE sin pagar el IVA y simulando luego en España una operación interior con el impuesto para poder deducírselo luego pese a no haber sido pagado.
