El Tribunal Supremo de Francia considera que, a la vista de los elementos aportados por la justicia española, no hay pruebas de que Iratxe Sorzábal, implicada en al atentado contra el aeropuerto de Alicante en 1995, fuera torturada al ser detenida en España en marzo de 2001, en contra de lo alegado por la etarra para evitar su entrega.
En un dictamen tomado ayer y hecho público este miércoles, el Supremo rechaza el procedimiento de Sorzábal.
La etarra pretendía elevar su caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para invalidar la decisión de la justicia francesa en favor de la euroorden española para que sea juzgada por su presunta implicación en el atentado contra el aeropuerto de Alicante el 29 de julio de 1995.
Su dictamen señala que la Audiencia Nacional de Madrid aportó al Tribunal de Apelación de París que examinó la euroorden informaciones "particularmente detalladas" que cuestionaban la versión de Sorzábal sobre las presuntas torturas.
En concreto, sus médicos forenses y otros dos expertos concluyeron que no había pruebas de que se le hubieran producido lesiones físicas durante su detención, por lo que "no se puede hablar de tortura".
Además, el Supremo francés recuerda que las autoridades judiciales españolas afirman que la acusación sobre su supuesta implicación en el atentado de Alicante no se basa en las declaraciones que ella hizo ante la Policía - y obtenidas por la tortura, siempre según la etarra -, sino en una "cantada".
Ese informe interno a la dirección de la banda se encontró en 2008 en Burdeos en el piso franco donde fue detenido el que se consideraba entonces el jefe político de la organización, Francisco Javier López Peña, "Thierry".
En su "cantada", Sorzábal señalaba de forma precisa "con quién había actuado cada vez, sin mencionar el carácter falso de los hechos reconocidos" ante la policía, señalan los jueces franceses.
La etarra fue detenida en 2015 en el País Vasco francés y está encarcelada desde entonces. En cualquier caso, su entrega a España no podrá producirse hasta que cumpla sus penas en Francia, donde le quedan al menos tres años de prisión.
