La Guardia Civil les bautizó como la «startup»tras una operación en la que desmantelaron cuatro plantaciones de esta droga en las partidas de El Moralet y La Alcoraya en Alicante, así como en la localidad de Busot. Los trece acusados de formar parte de la organización se sientan en el banquillo por los delitos de tráfico drogas, blanqueo de capitales, organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. El apodo de la «startup» de la droga se debía al alto nivel de sofisticación tecnológica, con sistemas informáticos para controlar telemáticamente los cultivos, aunque en cada finca había personas encargadas de labores de vigilancia y seguridad.
El asalto a una de estas fincas en El Moralet fue la pista que puso en alerta a los investigadores. Tras los registros, se intervinieron más de 3.500 plantas de marihuana, 60 kilos de cogollos valorados en 300.000 euros y cinco vehículos de alta gama, presuntamente adquiridos con las ganancias de la venta de las drogas, entre otros bienes.
El presunto cabecilla no declara
La Fiscalía les reclama penas que oscilan entre los diez años y los tres años y medio de cárcel. La mayor condena se pide a los dos presuntos cerebros del grupo. La sombra de la suspensión planeó ayer sobre en el juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Alicante, después de que uno de los presuntos cabecillas, de nacionalidad holandesa, exigiera un cambio de abogado, designando a un letrado que vino expresamente desde Almería para asistir al juicio. La nueva defensa reclamaba una suspensión la vista para estudiar la causa. La sala consideró que se trataba de una «maniobra dilatoria» y rechazó la petición. Ante esta negativa, el presunto cabecilla se acogió a su derecho a no declarar y subrayó que sólo contestaría al letrado que él había nombrado.
La mayoría de los acusados se acogieron a su derecho a no declarar y sólo quisieron responder a sus respectivos letrados. En el caso de la plantación hallada en Busot, uno de los procesados se responsabilizó de las plantas de marihuana halladas y exculpó a su mujer, también acusada, de quien dijo que ella no sabía nada. Del mismo modo, otro procesado por la plantación hallada en La Alcoraya aseguró que él sólo había sido contratado para hacer labores de mantenimiento en la casa y que desconocía lo que había en las naves junto a la finca.
La operación se inició a raíz de que la madrugada del 14 de abril de 2018 cuatro personas sin identificar accedieran a una de las fincas en El Moralet con la intención de robar, manteniendo un enfrentamiento con los que estaban en el interior. Los asaltantes se dieron a la fuga sin lograr llevarse nada, pero la Guardia Civil fue alertada del asalto y halló la plantación. Este operativo fue el que puso al descubierto las labores de la organización para la Benemérita. Los responsables de estas pesquisas declararán en la sesión de juicio señalada para el lunes.
Estas plantaciones se encontraban en inmuebles alquilados y utilizaban enganches a la red alumbrado. Iberdrola les reclama cerca de 60.000 euros por la electricidad presuntamente defraudada en estos inmuebles. En algunos casos, el dinero del alquiler se pagó por anticipado a los propietarios, que ignoraban que los inmuebles iban a ser utilizados para la producción de marihuana en instalaciones «indoor».
