La Audiencia de Alicante sienta desde ayer en el banquillo a 16 presuntos miembros de una trama de facturas falsas en empresas vinculadas al sector del calzado en Elda para defraudar a Hacienda. Nueve de los acusados, entre los que se encontraba el presunto cabecilla del grupo, se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que otros cuatro sólo respondieron a las preguntas de sus defensas para negar los hechos. Otros tres de los procesados admitieron ayer elaborado facturas falsas para la trama y su defensa planteó la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía.
El Ministerio Público reclama para el presunto cerebro de la trama, Alejandro Rico Navarro, penas que suman once años de prisión. Este acusado tiene otras dos macrocausas pendientes de juicio por su vinculación a redes de blanqueo de capitales procedente de la importación de calzado chino. Una de ellas está señalado para el próximo febrero en la Audiencia y la segunda aún está pendiente de que en el juzgado se cierre la instrucción.
En el juicio que arrancó ayer la Agencia Tributaria le reclama cerca de 648.000 euros en concepto del IVA y el Impuesto de Sociedades a través de la mercantil Nepalia por facturas emitidas entre los años 2007 a 2009 y en 2011. El Ministerio Público considera que las empresas vinculadas a la trama no tenían capacidad alguna y eran sociedades pantalla, por lo que esas operaciones que luego se desgravaban no obedecían a la prestación de servicios reales.
A los colaboradores se les pide tres años de cárcel para cada uno por un delito de falsedad documental. Tres de los acusados admitieron ayer haber emitido facturas falsas para la mercantil Nepalia. Alguno de ellos aseguró que no todo lo que se facturaba era ficticio, sino que había pedidos reales como pieles y encurtidos. Este acusado estimó que un cinco por ciento de esa actividad era falsa y el resto era real. Otro de los procesados aseguró que descubrió con posterioridad que algunas de los recibos por los que recibió una comisión eran falsos.
Expulsado de la sala
El resto de implicados en la trama se acogieron a su derecho a no declarar. El tribunal llegó a expulsar a Alejandro Rico de la sala tras llamarle la atención varias veces por hablar en voz alta durante la sesión mientras intervenían otras personas. Otros cuatro implicados sólo contestaron a sus abogados para decir que ellos sólo eran trabajadores y no sabían nada.
Ayer declaró como testigo la responsable de una mercantil que estaba sin actividad desde que cerró en el año 2001. En la causa aparece que la trama llegó a facturar con dicha mercantil en 2007, cuando ya no existía y sin que la gerente lo supiera.
Las defensas, entre los que se encontraban Ignacio Gally y Ascensión Chazarra, plantearon al inicio del juicio la nulidad de la causa alegando la vulneración de derechos fundamentales de los acusados cuando se practicaron los registros, una cuestión sobre la que los magistrados se pronunciarán cuando tengan que dictar sentencia.
