Un educador de un centro de acogida de menores de València, dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se enfrenta a una pena de cinco años de prisión acusado de un delito continuado de abusos sexuales a una chica de catorce años tutelada por la Generalitat que estaba interna en el mismo.
El acusado Luis Eduardo R. I., exmarido de la responsable de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, negó los hechos en el juicio celebrado ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València.
La víctima, todavía menor (tiene ahora 17 años) fue trasladada desde el centro en el que se encuentra interna ahora y permaneció esposada en un pasillo hasta que declaró. Este trato, para asegurarse que compareciera en el juicio ya que en otras dos ocasiones la vista oral se había tenido que suspender por no presentarse la principal testigo, fue criticado por la magistrada, quien se disculpó ante la adolescente por la forma en la que fue llevada a declarar, contraria a los principios del Estatuto de la Víctima.
La adolescente ratificó que sufrió abusos en fechas anteriores a enero de 2017. Por su parte, la jefa de la Unidad de Psicología Forense del Instituto de Medicina Legal de València que la exploró dio total credibilidad al testimonio de la chica.
La experta no apreció contradicciones en el relato de la menor, que desde los cuatro años se encuentra tutelada por la Generalitat y ha pasado por varios centros de menores de la Comunitat Valenciana.
La joven, que declaró amparada tras un biombo, relató en el juicio cómo el acusado cogía su mano y se masturbaba creyendo que ella dormía. La menor aseguró durante la vista que se quedaba en shock y que no sabía cómo reaccionar. La adolescente reconoce que en ocasiones le pedía a este educador que le hiciera masajes, porque tenía mucha confianza con él.
«Nos llevábamos bien, le pedía consejos, no pensaba que podía hacer algo así», explicó. Asimismo argumentó que trató de ocultar los abusos por vergüenza hasta que finalmente se lo contó a su novio. Y posteriormente a unos agentes de la policía autonómica.
«Conocía a gente influyente»
La intervención de los citados policías data del 22 de junio de 2017 cuando acudieron a una localidad de l'Horta donde se encontraba la menor fugada del citado centro, en compañía de su novio y de una amiga. Los policías de la Unidad Adscrita, que también han declarado en el juicio, aseguraron que aunque no quería contar lo que le pasaba, su novio le insistió para que se liberara del peso que llevaba encima.
Además, la amiga de la víctima apuntó que la persona que estaba abusando de ella decía que «conocía a gente influyente» y que con ello la tenía atemorizada porque pensaba que no la iban a creer.
Cuatro meses antes de que le confesara a los policías los abusos que presuntamente estaba padeciendo por parte del educador, la menor ya había contado (en febrero) a una trabajadora de un centro de día que gestionaba los recursos económicos de su padre, en prisión, que estaba siendo víctima de abusos. Esta testigo declaró ayer que le dio «total credibilidad» y ese mismo día se lo comunicó al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, pero sin darles el nombre de la menor ni del centro.
Eso sí, la trabajadora le insistió en acompañarla en denunciar, a lo que la menor se negó, y puso los hechos en conocimiento del centro.
Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguran a este diario que se activó el protocolo ante este tipo de casos nada más conocer los hechos. Además aclaran que en esas mismas fechas coincidió que la menor iba a ser trasladada a otro centro con medidas judiciales.
No obstante, la fiscal remarcó en su informe que aprecia una «clara desprotección con la víctima», a quien se trató de desacreditar en el juicio por su mal comportamiento en el centro e incidentes posteriores con otros educadores.
Además, puso en tela de juicio el informe que realizó la propia dirección territorial de Igualdad, al constar en la entrevista que mantuvieron con la menor -tras tener conocimiento en febrero de 2017 de los supuestos abusos- que el motivo de la misma era para que explicara las razones por las que quería abandonar el centro.
La psicóloga de la sección de Menores de la dirección territorial sostuvo en el juicio que tras tres cuartos de hora hablando con la menor «no hubo ninguna posibilidad de que pudiera investigar la veracidad de los abusos», ya que en ningún momento habló de ellos y ella se limitó a preguntarle por los problemas que tenía en el centro sin llegar a preguntar si alguien había abusado de ella.
La defensa del acusado, ejercida por el letrado Óscar Fernández, pidió la libre absolución de su cliente al considerar que los hechos nunca se produjeron. De hecho, en el tiempo en que sitúa la víctima los mismos ésta protagonizó diversas fugas y «apenas pasó cinco noches en el alojamiento». Y en el mes de enero su cliente estaba en periodo vacacional, afirmó. Asimismo, en los seis años que lleva trabajando no ha tenido ningún otro incidente, subrayó el letrado, quien también cuestionó que la menor, que en febrero de 2017 agredió a otro educador, no reaccionara cuando supuestamente sufría los tocamientos en una habitación cuya puerta siempre estaba abierta.
El acusado continúa en el centro al no acordar el juzgado ninguna medida
La conselleria afirma que la entidad privada es la que debe adoptar cualquier decisión laboral
El educador acusado del delito de abusos sexuales a una menor interna en un centro de acogida de València cuando esta tenía catorce años sigue trabajando en el turno de noches de este mismo centro privado al que la Conselleria de Igualdad deriva menores tutelados. El acusado se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel de la Fiscalía por los hechos denunciados.
Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que vela por el bienestar de estos menores, sostienen que se trata de una persona contratada por una entidad privada. «Es el centro el responsable de adoptar cualquier decisión laboral» con el trabajador, «al igual que ocurre en cualquier centro concertado, ya sea en servicios sociales, educación o sanidad», argumentan las fuentes del departamento que preside la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.
Asimismo, la Fiscalía de Menores, que abrió diligencias por los supuestos abusos al tener conocimiento de los mismos y que remitió las mismas al juzgado de Instrucción número 12 de València, al tratarse el presunto autor de una persona adulta, indica que no se adoptó ningún tipo de medida cautelar que inhabilitara al acusado. Este, asimismo, ya no tenía contacto con la menor, quien había sido trasladada a otro centro.
Los presuntos abusos sexuales se produjeron en fechas no concretadas entre finales de 2016 y enero de 2017, cuando el acusado prestaba sus servicios en el turno de noche vigilando a los menores internos en un centro de València.
Según el relato de hechos del fiscal, el procesado, «guiado por la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales», presuntamente habría realizado tocamientos a una de las menores del centro, que en esos momentos tenía catorce años, cuando ésta requería la presencia del educador para que le hiciera compañía.
Así, según sostiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, Luis Eduardo R. I. habría aprovechado el momento en que creía que la menor se hallaba dormida para darle masajes por la espalda hasta las piernas y tras coger su mano presuntamente masturbarse.
Masaje en el cuero cabelludo
Mientras, el procesado negó los hechos y alegó que no tenía un trato especial con la menor, aunque algunas noches la adolescente le pedía que le hiciera un masaje en el cuero cabelludo, según ha dicho.
En su última palabra, hizo un alegato a favor de la protección de los menores, a la vez que apuntó que en ocasiones tienden a «tergiversar, y se creen lo que dicen».
La menor declaró sin que le asignaran un defensor judicial para garantizar sus derechos
No ha recibido asistencia jurídica ni le han ofrecido acciones judiciales para reclamar a la Generalitat
La menor tutelada por la Generalitat que denunció a su monitor por un presunto delito de abusos sexuales no ha recibido ninguna asistencia jurídica durante el tiempo en el que se ha prolongado el procedimiento. La Fiscalía denunció en el juicio la «clara desprotección» de la víctima y en el expediente ni siquiera consta que se haya nombrado un defensor judicial para que le informara de sus derechos y acompañarla en el juicio.
La denunciante esperó ayer esposada en un pasillo de la Ciudad de Justicia, un exceso policial nada habitual en estos casos, según admitieron ayer a este periódico fuentes judiciales.
El nombramiento de un defensor judicial aparece en la legislación española como una figura más que protege a los menores no emancipados.
Su objetivo es servir de complemento para garantizar los derechos de los menores ante la falta de capacidad para gestionar asuntos judiciales o incluso su propio patrimonio.
Entre los supuestos en los que se hace necesaria la figura del defensor judicial, está cuando existen intereses entre el menor no emancipado y sus progenitores o tutores legales.
Además, la ley prevé que se instará el nombramiento de un defensor judicial cuando los progenitores o tutores se nieguen a representar o asistir en el juicio al menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
En un primer momento la Fiscalía de València no había pedido ninguna indemnización para la joven, aunque ayer corrigió sus conclusiones finales y reclamó 6.000 euros para la denunciante en caso de condena.
No obstante, al no dirigirse ninguna acusación contra la Generalitat, no se reclama ninguna cantidad en concepto de responsabilidad civil.
La denunciante sigue siendo menor de edad y su tutela está en manos de la Generalitat, por tanto su tutor es la Administración. Al producirse los hechos cuando estaba ingresada en un centro de menores, tenía la posibilidad de exigir en el juicio responsabilidades a sus tutores por estos hechos, en este caso, la Generalitat.
