Un educador de un centro de acogida de menores de València, dependiente de la Conselleria de Políticas Inclusivas, se enfrenta a una pena de cinco años de prisión acusado de un delito continuado de abusos sexuales a una chica de catorce años tutelada por la Generalitat que estaba interna en el mismo. El acusado Luis Eduardo R. I., exmarido de la responsable de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha negado los hechos en el juicio celebrado esta mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València.

La víctima, todavía menor - tiene ahora 17- ha sido trasladada desde el centro en el que se encuentra interna ahora y ha permanecido esposada en un pasillo hasta que ha declarado. Este trato, para asegurarse que compareciera en el juicio ya que en otras dos ocasiones anteriores la vista oral se había tenido que suspender por no presentarse la principal testigo, ha sido criticado por la magistrada, quien se ha disculpado ante la adolescente por la forma en la que ha sido llevada a declarar, contraria a los principios del Estatuto de la Víctima.

La adolescente ha ratificado en la sala que sufrió abusos en fechas anteriores a enero de 2017. Por su parte, la Jefa de la Unidad de Psicología Forense del Instituto de Medicina Legal de València que la exploró ha dado total credibilidad al testimonio de la chica. La experta no ha apreciado contradicciones en el relato de la menor, que desde los cuatro años se encuentra tutelada por la Generalitat y ha pasado por varios centros de menores.

La joven, que ha declarado amparada tras un biombo, ha relatado cómo el acusado cogía su mano y se masturbaba creyendo que ella dormía. La menor ha asegurado durante la vista que se quedaba en shock y que no sabía cómo reaccionar. La adolescente reconoce que en ocasiones le pedía a este educador que le hiciera masajes, porque tenía mucha confianza con él. «Nos llevábamos bien, le pedía consejos, no pensaba que podía hacer algo así», ha explicado. Asimismo argumenta que trató de ocultar los abusos por vergüenza hasta que finalmente se lo contó a su novio. Y posteriormente a unos agentes de la policía autonómica.

"Conocía a gente influyente"

La intervención de los citados policías data del 22 de junio de 2017 cuando acudieron a una localidad de l'Horta donde se encontraba la menor fugada del citado centro, en compañía de su novio y de una amiga. Los policías de la Unidad Adscrita, que también han declarado en el juicio aseguran que aunque no quería contar lo que le pasaba, su novio le insistió para que se liberara ya del peso que llevaba encima. Además la amiga de la víctima apuntó que la persona que estaba abusando de ella decía que "conocía a gente influyente" y que con ello la tenía atemorizada porque pensaba que no la iban a creer.

Cuatro meses antes de que le confesara a los policías los abusos que presuntamente estaba padeciendo por parte del educador, la menor ya le había contado en febrero a una trabajadora de un centro de día que gestionaba los recursos económicos de su padre, en prisión, que estaba siendo víctima de abusos. Esta testigo ha declarado que le dio "total credibilidad" y ese mismo día se lo comunicó al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, pero sin darles el nombre de la menor ni del centro en cuestión al considerar que podía incurrir en un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

Eso sí, la trabajadora le insistió en acompañarla en denunciar, a lo que la menor se negó, y puso los hechos en conocimiento del centro. Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguran a este diario que se activó el protocolo ante este tipo de casos nada más conocer los hechos. Además aclaran que en esas mismas fechas coincidió que la menor iba a ser trasladada a otro centro con medidas judiciales por orden de la Fiscalía de Menores.

No obstante, la fiscal ha remarcado en su informe de conclusiones que aprecia una "clara desprotección con la víctima", a quien se ha tratado de desacreditar en el juicio por su mal comportamiento en el centro e incidentes posteriores con otros educadores. Además, ha puesto en tela de juicio el informe que realizó la propia dirección territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, al constar en la entrevista que mantuvieron con la menor -tras tener conocimiento en febrero de 2017 de los supuestos abusos- que el motivo de la misma era para que explicara las razones por las que quería abandonar el centro.

La psicóloga de la sección de Menores de la citada dirección territorial ha sostenido en el juicio que tras tres cuartos de hora hablando con la menor "no hubo ninguna posibilidad de que pudiera investigar la veracidad de los abusos", ya que en ningún momento habló de ellos y ella se limitó a preguntarle por los problemas que tenía en el centro sin llegar a preguntarle si alguien había abusado de ella.

Por su parte, el procesado ha negado los hechos y ha alegado que no tenía un trato especial con la citada menor, aunque algunas noches la adolescente le pedía que le hiciera un masaje en el cuero cabelludo, según ha dicho. En su último turno de palabra ha hecho un alegato a favor de la protección de los menores, a la vez que ha apuntado que en ocasiones tienden a "tergiversar, y se creen lo que dicen".

Los presuntos abusos sexuales se produjeron en fechas no concretadas entre finales de 2016 y enero de 2017 cuando el acusado prestaba sus servicios en el turno de noche vigilando a los menores internos en un centro de València cuyo nombre omite este periódico para preservar el anonimato de la víctima.

Según el relato de hechos del fiscal, el procesado «guiado por la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales» presuntamente habría realizado tocamientos a una de las menores del centro, que en esos momentos tenía sólo catorce años, cuando ésta requería la presencia del educador para que le hiciera compañía.

Así, según sostiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, Luis Eduardo R. I. habría aprovechado el momento en que creía que la menor se hallaba dormida para darle masajes por la espalda hasta las piernas y tras coger su mano presuntamente masturbarse.

La defensa del acusado, ejercida por el letrado Óscar Fernández, pide la libre absolución de su cliente al considerar que los hechos denunciados nunca se produjeron. De hecho, en el tiempo en que sitúa la víctima los mismos ésta protagonizó numerosas fugas y "apenas pasó cinco noches en el alojamiento". Y en el mes de enero su cliente estaba en periodo vacacional, ha afirmado.

Asimismo, en los seis años que lleva trabajando en dicho centro no ha tenido ningún otro incidente, ha sostenido el letrado, quien también ha cuestionado que la menor, que en febrero de 2017 agredió a otro educador, no reaccionara cuando supuestamente sufría los tocamientos en una habitación cuya puerta siempre permanecía abierta.

No obstante, la fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales a menor de edad, y ha mantenido la solicitud de cinco años de prisión y cinco más de libertad vigilada. Asimismo pide que se le imponga al acusado la obligación de participar en cursos formativos de educación sexual y una inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión que conlleve contacto con menores durante un plazo de diez años.