08 de octubre de 2019
08.10.2019

Ninguno de los implicados en la trama de tráfico ilegal de órganos cumplirá prisión

El alcalde libanés que intentó comprar un hígado por 40.000 euros acepta un año de cárcel

07.10.2019 | 23:08

Otros tres acusados reciben penas de dos años por realizar gestiones para reclutar posibles donantes.

A golpe de talonario, un adinerado alcalde libanés trató de eludir a la muerte buscando un trozo de hígado sano entre donantes sin recursos, «especialmente vulnerables tanto por su procedencia como por su penuria económica», según ha quedado acreditado, llegando a realizar las pruebas a ocho a pacientes en una clínica de València. Aunque finalmente, por unos u otros motivos, ninguno llegó a vender su órgano y el trasplante se realizó con su propio hijo como donante -cuya opción descartaron los médicos inicialmente al considerar que su hígado era pequeño-, cuatro de los cinco acusados por realizar dichas gestiones para localizar al donante idóneo, entre ellos el futuro receptor del órgano, fueron condenados ayer a penas mínimas de prisión.

Este primer caso de tráfico ilegal de órganos para un trasplante detectado en España, cuya trama desmanteló el grupo de Homicidios de la Policía Nacional de València en 2014, se ha saldado finalmente con penas de dos años de prisión para tres de los acusados y de un año para el alcalde libanés, quien iba a pagar hasta 40.000 euros a una mujer para paliar su enfermedad hepática. En este caso la posible donante fue rechazada porque el ahora condenado, de marcadas tradiciones musulmanas, prefería como donante a un hombre.

Tras el acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal y las defensas de los acusados, las penas impuestas no son superiores a los dos años, por lo que se les suspenderá la pena y ninguno de ellos ingresará en prisión. Asimismo, uno de los dos sobrinos del alcalde libanés, propietarios de una empresa de mármoles en Novelda, ha sido absuelto de todos los cargos.

Los hechos se remontan a mediados de 2013 cuando Hatem Akouche, un adinerado residente en el Líbano y aquejado de una enfermedad hepática decidió contactar con familiares suyos residentes en España, ya que requería un trasplante de hígado para que realizaran gestiones para encontrar donantes vivo. El motivo de querer operarse en España era el de ponerse en manos del prestigioso Jefe de la Unidad de Trasplantes Hepáticos del Hospital Clínico de Barcelona, todo un referente desde que salvó la vida al futbolista Eric Abidal.

Para ello, según los hechos declarados probados, los acusados idearon un plan por el que pretendían lograr la materialización de dicho trasplante, «con evidente quebranto de la legislación española relativa a la donación de órganos entre vivos». De hecho el fiscal sostiene que fueron escrupulosamente informados de la normativa del país y de los requisitos para el citado trasplante por parte de las autoridades sanitarias y en concreto tanto por los médicos del Hospital Universitario de Pamplona, como posteriormente en el Hospital Clínico de Barcelona.

La leyes españolas reconocen la gratuidad o altruismo de la donación en relación con donantes vivos y exige que se trate «de un consentimiento expreso, libre, consciente y manifestado por escrito».

No obstante, los procesados empezaron a reclutar, entre abril y mayo de 2013, posibles donantes para lo cual contactaron con personas sin recursos o en situación de necesidad económica, con el fin de que mediante precio u otro tipo de recompensa accedieran a donar parte de su hígado al citado alcalde libanés.

Finalmente, al no encontrar personas que quisieran asumir el riesgo o que fueran admitidas en el Hospital Clínico de Barcelona, que detectó irregularidades en supuestos donantes, se hizo una nueva prueba al hijo del procesado Hatem Arkkouche y, pese a que traía información del Líbano relativa a que su hígado era pequeño y que no podía ser donante de su padre, fue evaluado y, viendo que era posible el trasplante, se realizó el mismo el 26 de agosto de 2013.

Descubiertas todas estas maniobras de intento de trasplante ilegal por la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, se iniciaron las investigaciones, dado que detectaron que, en una Clínica privada de Valencia, los procesados estaban sufragando pruebas analíticas de compatibilidad con posibles donantes que estaban reclutando.

Se trata del segundo caso de favorecimiento al trasplante de órganos humanos que se juzga y con condena en España, tras la condena de octubre de 2016 de la Audiencia Provincial de Barcelona, con penas de hasta seis años de prisión, en un caso similar al detectado en València.

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