Un juzgado decretó ayer prisión para un funcionario de la oficina del pasaporte y del DNI de la Comisaría de Alicante por el cobro de tasas indebidas a ciudadanos que iban a renovar su documentación, según confirmaron a este diario fuentes policiales. El arresto se ha producido a raíz de una investigación interna de la propia Comisaría que destapó las presuntas irregularidades a raíz de empezar a recibir quejas de posibles perjudicados. El funcionario, que dependía de la Subdelegación del Gobierno y era ajeno a la Policía, negó ayer los hechos en el juzgado y se declaró inocente.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que se estima que podría haber cerca de un centenar de afectados y el dinero defraudado podría rondar los 10.000 euros. En estos momentos se están revisando todos los expedientes en los que habría intervenido este funcionario y tratando de identificar a posibles perjudicados.
Los hechos se detectaron tras detectar que algunos ciudadanos habían presentado quejas porque se les había cobrado una tasa cuando fueron a renovarse la documentación y a posteriori se encontraron con que estaban exentos. Por ejemplo, la renovación del DNI por cambios de domicilio están exentos de tasa y también en el caso de acreditar que el solicitante es beneficiario de la condición de familia numerosa.
Investigación interna
Las presuntas irregularidades fueron investigadas por la Unidad de Asuntos Internos que llevaron a la detención del funcionario esta semana, a quien se le imputaría un delito de malversación de caudales públicos, según las fuentes consultadas por este diario. Los presuntos cobros irregulares y de los que los ciudadanos disponían el recibo no aparecían registradas en los ordenadores. Asimismo también se estaría investigando si hay otras manipulaciones en el sistema informático de las dependencias para encubrir las irregularidades y comprobar que no existan otros hechos.
Fuentes policiales señalaron que el funcionario desempeñaba labores administrativas en la oficina del DNI. Años atrás desde la Comisaría se instó a la Subdelegación del Gobierno, de quien dependía el trabajador público por otras irregularidades ajenas a este caso. Pero este expediente acabó archivado.
Declaración judicial
Durante su declaración ayer ante el juzgado de guardia, el funcionario fue tajante a la hora de defender su inocencia y negó haber cometido irregularidad alguna. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que había defendido que su trayectoria profesional había sido intachable y que siempre había hecho lo posible por ayudar al ciudadano. El funcionario ha declarado ante el juez que no se explicaba cómo podía haber sido acusado de estas irregularidades.
Sin embargo, dada la gravedad de los hechos, la Fiscalía optó por pedir el ingreso en prisión del detenido. Las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que en un futuro juicio podría enfrentarse a una petición de condena de hasta cuatro años de cárcel, motivo por el que se ha estimado la petición de prisión preventiva. El juez de guardia decretó el encarcelamiento poco después del mediodía de ayer.
La cifra de total de ciudadanos perjudicados está por determinar, pero fuentes cercanas al caso señalaron que podría superar el centenar. De momento, los investigadores están poniéndose en contacto con ellos y comprobando listados.
Según se informa en la página del Ministerio del Interior, las tasas para renovar la documentación son de doce euros en el caso del DNI y de 30 para el pasaporte. Por este motivo se estima que aunque hay una cifra elevada de perjudicados, las cantidades malversada apenas superarían los 10.000 euros.
