La acusación particular en el caso de una violación en grupo a una niña de 14 años en la Marina Alta reclama que los padres de los cuatro acusados paguen una indemnización para la víctima de 100.000 euros. Una cantidad «ejemplarizante» que tendría que ser pagada de manera solidaria entre las cuatro familias en caso de dictarse condena. La acusación que ejerce la menor violada a través de la letrada Mónica Mas Franqueza, reclama una condena de cinco años de internamiento para los cuatro acusados, más otros tres años de libertad vigilada, cuando hayan cumplido esa pena. La pena es similar a la que de la Fiscalía, que pide cinco años para el presunto cabecilla del grupo, así como cuatro años y seis meses para los otros tres. Los menores implicados, de entre 14 y 16 años de edad, permanecen ingresados por separado en distintos centros, aunque uno de ellos está en libertad bajo arresto domiciliario. Se les acusa de los delitos de agresión sexual, revelación de secretos y amenazas condicionales.
En el escrito de acusación del Ministerio Público, no se concreta nada sobre indemnizaciones. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que la cantidad reclamada se justifica por los daños morales y las secuelas psicológicas sufridas a raíz de la violación. Como consecuencia de su estado emocional, ha sufrido crisis de ansiedad, pérdida de peso y necesita terapia psicológica para superar el trauma.
La Ley Orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores de edad establece que los padres o tutores responde solidariamente de los daños y perjuicios que éste, dado que el menor suele carecer de recursos patrimoniales propios.
Aunque los hechos ocurrieron en julio del año pasado, no fue hasta el mes de marzo cuando se formalizó la denuncia ante la Guardia Civil, hecho que propició todas las detenciones. La joven denunció que sufrió una violación por un grupo de cuatro compañeros de instituto el pasado mes de julio en un descampado junto a un cementerio de un municipio de la Marina Alta. La víctima había salido a dar una vuelta con una amiga y los cuatro chicos, a los que conocía por ser compañeros del centro escolar. Cuando la amiga se marchó y quedó a solas con ellos, la habrían llevado a un descampado y la habrían violado entre los tres. La joven relató en su día que un cuarto de los implicados, el que está en libertad, tuvo una participación menor en los hechos, aunque tampoco se limitó a quedarse mirando y le habría hecho algún tocamiento mientras los otros la violaban. La joven aseguró que los chicos le decían: «No llores, que no ha sido para tanto». También identificó quién de los cuatro fue la persona que grabó el vídeo. La víctima dijo que se lo mostraron y le dijeron que lo iban a distribuir entre los compañeros del instituto, algo que la tenía atemorizada.
La acusación particular incide en el sufrimiento de la víctima que pasó meses sin contar nada en casa, ni el instituto, mientras los presuntos violadores le exigían el pago de dinero para no difundir entre sus compañeros el vídeo con el que habrían grabado la agresión sexual.
Los jóvenes habían llegado a reclamarle que les pagara cincuenta euros a cambio de no hacer pública la grabación, cantidad que fueron rebajando al ver que ella no tenía dinero para pagarles. Finalmente, cuando vieron que la joven estaba a punto de contarlo todo en el instituto le dijeron «no te preocupes que ya hemos borrado el vídeo y el teléfono ya está vendido». Los teléfonos de los jóvenes fueron intervenidos tras su arresto, pero no hay constancia de que se haya podido localizar la grabación.
La joven dijo en su instituto en octubre que tenía un problema con unos compañeros por un vídeo, pero no llegó a contar entonces cuál era su contenido. No fue hasta finales de febrero cuando contó lo ocurrido a una orientadora del centro, a raíz de un acto sobre violencia de género celebrado en el centro. La familia de la víctima conoció en ese momento lo que la había ocurrido y se interpuso la denuncia. Hasta en dos ocasiones fue la víctima a declarar a la Fiscalía de Menores por estos hechos, aunque la primera solo fue para ratificar la denuncia, dado que su estado emocional le impedía poder contestar a lo que le preguntaran.
La acusación particular valora el hecho de que la investigación refleja que en los teléfonos intervenidos la Guardia Civil ha encontrado imágenes compatibles con los hechos relatados por la menor en la denuncia.
