La Fiscalía reclama penas que oscilan entre los 4,5 y los cinco años de internamiento para los cuatro menores acusados de una violación grupal a una niña de 14 en un municipio de la Marina Alta, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. La fiscal de Menores les acusa por los delitos de agresión sexual, revelación de secretos y amenazas condicionales. Estos dos delitos se habrían cometido por haber grabado con un móvil la agresión sexual y haber tratado de extorsionar a la víctima con dichas imágenes. Asimismo les pide tres años más en régimen de libertad vigilada una vez que salgan del centro de menores, así como no poder acercarse ni contactar con la víctima durante este tiempo.
La cuenta atrás para el juicio ya ha comenzado y en estos momentos las partes están presentando sus escritos de conclusiones provisionales ante el juzgado de Menores. Aunque no hay fecha para la vista oral, el juzgado de Menores prevé celebrarla cuanto antes. Tres de los menores, de entre 14 y 16 años de edad, se encuentran internados de manera preventiva desde finales de marzo, mientras que el cuarto implicado está en libertad pero en situación de arresto domiciliario a la espera del juicio.
Aunque los hechos ocurrieron en julio del año pasado, no fue hasta el mes de marzo cuando se formalizó la denuncia ante la Guardia Civil, hecho que propició todas las detenciones.
La joven denunció que sufrió una violación por un grupo de cuatro compañeros de instituto el pasado mes de julio en un descampado junto a un cementerio de un municipio de la Marina Alta. La víctima había salido a dar una vuelta con una amiga y los cuatro chicos, a los que conocía por ser compañeros del centro escolar. Cuando la amiga se marchó y quedó a solas con ellos, la habrían llevado a un descampado y la habrían violado entre los tres. La joven relató en su día que un cuarto de los implicados, el que está en libertad, tuvo una participación menor en los hechos, aunque tampoco se limitó a quedarse mirando y le habría hecho algún tocamiento mientras los otros la violaban. La joven aseguró que los chicos le decían: «No llores, que no ha sido para tanto». También identificó quién de los cuatro fue la persona que grabó el vídeo. La víctima dijo que se lo mostraron y le dijeron que lo iban a distribuir entre los compañeros del instituto, algo que la tenía atemorizada.
Extorsión
Los jóvenes habían llegado a reclamarle que les pagara cincuenta euros a cambio de no hacer pública la grabación, cantidad que fueron rebajando al ver que ella no tenía dinero para pagarles. Finalmente, cuando vieron que la joven estaba a punto de contarlo todo en el instituto le dijeron «no te preocupes que ya hemos borrado el vídeo y el teléfono ya está vendido». Los teléfonos de los jóvenes fueron intervenidos tras su arresto, pero no hay constancia de que se haya podido localizar la grabación.
La joven dijo en su instituto en octubre que tenía un problema con unos compañeros por un vídeo, pero no llegó a contar entonces cuál era su contenido. No fue hasta finales de febrero cuando contó lo ocurrido a una orientadora del centro, a raíz de un acto sobre violencia de género celebrado en el centro. La familia de la víctima conoció en ese momento lo que la había ocurrido y se interpuso la denuncia. Hasta en dos ocasiones fue la víctima a declarar a la Fiscalía de Menores por estos hechos. En la primera ocasión, no pudo llegar a hacerlo, dada su afectación emocional por lo ocurrido, limitándose a ratificar lo que dijo cuando denunció los hechos en la Guardia Civil. Una semana más tarde, regresó a la sede judicial para dar una declaración pormenorizada y detallando el papel de la participación de cada uno. La joven está personada en el proceso con acusación particular, a través de la letrada Mónica Mas Franqueza.
Según las fuentes consultadas por este diario, la mayor pena se reclama para el que está considerado el presunto cabecilla del grupo; mientras que para el resto se reclaman cuatro años y seis meses de internamiento en régimen cerrado. La Fiscalía pidió entonces el internamiento preventivo de antes del juicio, al entender que había riesgo de fuga de los tres presuntos agresores que fueron citados en primer lugar.
Pocos días después, se presentó de manera voluntaria para declarar un cuarto implicado, que se había marchado a vivir a Francia con su familia en octubre. Inicialmente, se decretó el internamiento junto al resto, pero a las pocas semanas se autorizó su puesta en libertad pero bajo arresto domiciliario. La víctima había minimizado su participación.
A lo largo de este verano, las defensas pidieron la puesta en libertad de los otros tres jóvenes detenidos, pero esta solicitud se ha denegado.
La instrucción ha podido completarse ante que pase el plazo de seis meses, lo que hubiera obligado a pedir la declaración de causa compleja y prolongar la instrucción para hacer nuevas diligencias. Sin embargo, la previsión es enviar la causa a juicio sin agotar el plazo, por lo que la vista oral podría celebrarse antes fin de año.
