La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio de nacionalidad rumana dedicado, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la localidad valenciana Benigànim. Los agentes han liberado a una joven de la misma nacionalidad que era prostituida diez horas diarias en una carretera del municipio. La víctima sufría un control extremo y se veía forzada a llamar a sus captores cada vez que realizaba un servicio para que recogieran la prestación recibida.
El detenido la golpeaba y violaba cuando deseaba y llegó a obligarla a abortar en dos ocasiones. Al matrimonio se le imputa un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se encuentran en prisión provisional.
La investigación se inició el pasado mes de febrero. Los agentes recibieron una solicitud por parte de la Fiscalía de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado, en la que se comunicaba la existencia de una orden europea en la que interesaba saber toda la información posible sobre el detenido. Por ello, los investigadores comenzaron las gestiones y comprobaron la actividad delictiva del matrimonio.
Los policías constataron que la víctima había sido captada por la pareja en Rumanía bajo la promesa de un trabajo digno y mejores condiciones económicas. Al llegar a España, le obligaron a ejercer la prostitución bajo amenazas y coacciones. La joven tenía un horario fijado por los detenidos y era trasladada a diario hasta una carretera de la localidad donde vivían los captores. Allí permanecía desde las 10.00 hasta las 20.00 horas.
Cuando la víctima se negaba a realizar prácticas sexuales, o la veían hablando con alguna persona de su país natal, era golpeada, vejada y humillada por el detenido.
El detenido violó en varias ocasiones a la mujer, que se quedó dos veces embarazada y fue obligada a abortar por el matrimonio para continuar lucrándose con su explotación.
La investigación finalizó con la detención de la pareja y el registro de su casa, donde intervinieron 320 euros en efectivo, documentación de la víctima, teléfonos móviles, justificantes de dinero enviado a Rumanía y documentos que prueban los servicios sexuales a los que era obligada a practicar la víctima. El matrimonio ingresó en prisión provisional.
