Los hermanos Rafael y José Vicente Gregory han sido condenados por la Audiencia de Alicante a sendas penas de tres años de prisión por una estafa de casi un millón de euros -895.360 euros- mediante la falsificación de contratos de alquiler de camiones financiados por la entidad VFS, del grupo Volvo-Renault. La condena a los empresarios no incluye el pago de responsabilidad civil alguna porque la empresa Rent Autisa, del grupo empresarial que dirigieron los Gregory, llegó a un acuerdo económico con VFS por el que zanjaron sus problemas. La sentencia, hecha pública esta semana por la Sección Décima, acuerda la absolución del tercer procesado en la causa, el gerente de Rent Autisa.
Esta es la segunda condena a los hermanos Gregory que impone la Audiencia de Alicante este año. Una macrocausa que se inició en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante y se conoció como la estafa de Autisa acabó en tres juicios diferentes. El primero de ellos terminó con la absolución de los acusados tras un acuerdo por el que la acusación particular se retiró el mismo día del juicio.
El segundo juicio se saldó el pasado mes de marzo con sendas penas de tres años y seis meses a los hermanos Gregory por delitos de estafa en concurso con apropiación indebida. En este fallo, que ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo, la Audiencia validó el núcleo de las escuchas del caso Brugal, donde Rafael Gregory está siendo juzgado ahora en Elche por el caso de las basuras de Orihuela. Rafael Gregory alegó precisamente en el juicio por el que ha sido condenado ahora a tres años que «estoy aquí por mi implicación en el caso Brugal» y dijo que era un asunto que debería haberse resuelto en la vía civil.
Reparación del daño
El tercer proceso ha sido un nuevo varapalo para los Gregory, ya que pese a aplicarles las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas les condenan a cada uno a tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa. Este fallo, como ocurrió con el anterior, probablemente será también recurrido al Supremo.
La sentencia de la Sección Décima declara como hechos probados que José Vicente y Rafael Gregory dirigían a principios de este siglo el Grupo Autisa, que contaba, entre otras sociedades, con Autisa y Muvisa, concesionarias de Renault en Alicante y en Murcia, y con Rent-Autisa, dedicada al arrendamiento de camiones. Los hermanos Gregory dirigían la contratación de arrendamientos a terceros y se encargaban de la tramitación que exigían la financiera VFS antes de dar el dinero para la adquisición de los camiones.
En 2008, según indica la sentencia, los efectos de la crisis económica repercutieron en la actividad empresarial de Rent Autisa y los acusados propusieron a VFS diferentes operaciones en las que el cliente propuesto como arrendatario era una empresa de solvencia reconocida públicamente o admitida anteriormente sin problemas en anteriores contrataciones. Sin embargo, el camión no era arrendado al cliente propuesto y autorizado por la financiera, sino a otro cliente de menor solvencia pública o conocida por VFS, o en ocasiones no era arrendado a nadie o lo alquilaban por periodos de corto plazo, una actividad ajena al objeto comercial de la financiera.
De esta forma VFS autorizó las operaciones financieras y la actividad comercial de Rent Autisa «no disminuyó lo que habría disminuido sin la falacia, obteniendo dicha empresa los beneficios que a ella correspondían en cada operación (comisión, retribución por el mantenimiento de vehículos, gestión administrativa...), y en algunos casos el valor del camión», indica el tribunal en la sentencia.
Para ejecutar lo anterior, la sentencia señala los hermanos Gregory, «por sí o valiéndose de terceros, elaboraron contratos de arrendamiento en los que figuraban como arrendatarios personas o entidades que en realidad no habían consentido en el contrato ni firmado el documento en el que se formalizaba». Además, llegaron a imitar firmas de los supuestos arrendatarios en los documentos y VFS autorizó las operaciones y enviaba el dinero creyendo que el destino del camión era otro al que le dieron los acusados.
El fallo incluye un cuadro de la acusación formulada por la Fiscalía donde figura la financiación de más de cien camiones y detalle, entre otras operaciones, unas con cuatro empresas a las que VFS autorizó la financiación de 17 vehículos pesados pese a que dichas sociedades no la solicitaron.
