La Policía Nacional ha detenido a 30 personas al desmantelar dos bandas criminales dedicadas a la explotación laboral en fincas agrícolas de Alicante y Murcia de inmigrantes en situación irregular y en precaria situación económica. Los inmigrantes vivían en condiciones de semiesclavitud y tras trabajar durante largas jornadas, por las que normalmente recibían un salario inferior al que le prometían, tenían que dormir en condiciones inhumanas en naves y garajes.

Entre los detenidos se encuentran dos empresarios de Orihuela y uno de Murcia, propietarios de negocios de procesado y empaquetado de fruta. Los detenidos están acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal, usurpación de identidad y estancia irregular. Los tres presuntos cabecillas del entramado son de origen boliviano y han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial en Murcia y Jumilla.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento de la actuación en la Región de Murcia de organizaciones asentadas en Valencia y en Madrid que se dedicaban a la explotación laboral de inmigrantes en el sector agrícola. La Policía de Murcia y de Alicante puso en marcha una investigación conjunta y las pesquisas desvelaron la existencia de dos grupos criminales que se dedicaban a reclutar a trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y en situación irregular para llevarlos a realizar tareas agrícolas.

Asimismo, contrataban a menores sin autorización para trabajar, ofrecían condiciones laborales engañosas y los inmigrantes eran alojados en condiciones inhumanas en naves industriales y locales destinados al garaje de vehículos. Los empleados explotados en ocasiones no recibían el salario prometido o les pagaban una cantidad inferior a la pactada inicialmente.

Inmigrantes en situación irregular y de extrema pobreza eran captados en ciudades como Madrid, Valencia, Alicante y Murcia. Para ello, la trama ponía anuncios en páginas de internet, redes sociales, carteles callejeros e incluso anuncios en emisoras de radio latinas.

Una vez eran trasladados a las fincas donde iban a trabajar eran sometidos «a condiciones de servidumbre o semiesclavitud», según la Policía. Los investigadores han analizado casos de inmigrantes a los que sometían a unos condiciones de trabajo nada soportables con el fin de que se marcharan del puesto de trabajo antes de terminar la faena y usar esa excusa para no pagarles el salario.

En la fase de explotación de la operación, agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía de Murcia y Alicante llevaron a cabo cuatro inspecciones en naves y explotaciones agrícolas de Jumilla, Murcia, Archena y Orihuela.