Investigado por los retrasos de su juzgado, lo que le puede acarrear una sanción cuya gravedad se determinará en función del resultado de la instrucción, y que puede oscilar desde una amonestación hasta la expulsión de la carrera judicial pasando por suspensión de empleo y sueldo. Es la tesitura en la que se encuentra el titular del juzgado de lo Penal 6 de Alicante, Eugenio Alarcón, el magistrado que enjuició al exalcalde del PP Luis Díaz Alperi por tres delitos fiscales y uno de cohecho impropio, pero cuya sentencia aún no ha dictado trece meses después de que finalizara la vista oral.
Una situación que, junto al procedimiento del exregidor, padecen más de otro millar de asuntos, lo que ha llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a abrir el expediente que permita determinar el grado de responsabilidad del magistrado en el colapso.
Queja de un particular
El expediente se incoó el pasado abril a instancia del Servicio de Inspección del Consejo, que ya le estaba haciendo un seguimiento a este juez alertado por el número de asuntos pendientes de resolución que arrastraba su juzgado. A ello se sumó la queja de un particular del que no ha trascendido ni la identidad ni la causa con la que está relacionado, pero que ha servido para animar a que el órgano de gobierno de los jueces tome cartas en el asunto.
La estadística que anualmente elabora el CGPJ sobre el funcionamiento de los órganos judiciales recogía que el juzgado de Alarcón cerró el pasado año con 1.352 asuntos sin concluir, a los que hay que sumar lo acumulado en este primer semestre.
En el ejercicio pasado en este juzgado entraron 958 asuntos y solo se consiguió dar carpetazo a 537. Cifras que en realidad no son muy diferentes de las que arrojaban otros departamentos hermanos de esta misma jurisdicción, como el Penal 4, con 1.348 asuntos pendientes, o el Penal 7, con 1.196.
La tramitación del expediente abierto al magistrado Alarcón conlleva la toma de declaración al expedientado y su conclusión, tanto si se archiva como si se propone sanción, no puede superar los seis meses desde su apertura, con lo será después del verano cuando se conozca la decisión del Consejo.
Aunque la sobrecarga de trabajo que soportan estos juzgados es considerable, no consta que el magistrado Alarcón haya solicitado ayuda, como sí lo han hecho otros colegas. Tal el caso del magistrado Manrique Tejada, titular de Instrucción 5, cuando tuvo que asumir la causa por los presuntos amaños del PGOU de Alicante. No obstante, el Consejo tiene destinados en estos momentos tres jueces de apoyo para los nueve juzgados de lo Penal del partido judicial de Alicante, el último creado el pasado año.
Demoras sangrantes
En cuanto a Alperi, las demoras que ha sufrido su causa en este juzgado son sangrantes. Iniciada en abril de 2013 en el Tribunal Superior (TSJ ) debido al aforamiento del exalcalde por su condición de diputado autonómico, la instrucción se cerró con gran celeridad, en apenas diez meses. La Fiscalía reclama penas que suman más de nueve años de cárcel. La dimisión de Alperi de las Cortes motivó que el TSJ enviara a Alicante la causa para que se cerrara la instrucción y la remitiera a un juzgado de lo Penal donde se celebrara el juicio al exalcalde y a otros los tres acusados, momento en que empezaron las demoras.
Poco después de recibirla (en febrero de 2015), Alarcón planteó al fiscal y a las defensas si debía quedársela o, por el contrario, devolverla a Valencia. Las partes se pronunciaron pero el procedimiento estuvo sin moverse durante más de dos años, aguardando turno junto con el resto de procedimientos. A finales de 2017, el magistrado dejaba estupefacto al TSJ al devolverles el proceso planteando que el criterio del Tribunal Supremo sobre el enjuiciamiento a personas aforadas había cambiado en este tiempo y por lo tanto si el juicio debía celebrarse en el órgano autonómico.
«Una dilación difícil de entender»
«La comprobación de los tiempos transcurridos nos enfrentan a una dilación difícil de entender, incluso desde la sobrecarga que padecen muchos de nuestros órganos jurisdiccionales», contestaban desde el TSJ al comprobar los retrasos que acumulaba este proceso. «Esta duración no está refrendada por norma procesal alguna y es a todas luces inaceptable», argumentaba. Después devolvió la causa a Alicante para que se celebrara el juicio con la mayor celeridad posible.
Seis meses después, a los tres años de haber llegado el procedimiento desde Valencia, el juicio pudo finalmente arrancar el 7 de mayo del año pasado y el 1 de junio quedó visto para sentencia. Más de treces meses después sigue a la espera de sentencia.
Cronología de un largo proceso
13 de marzo de 2013
La denuncia del fiscal
La Fiscalía presenta una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) contra el excalde de Alicante y diputado Luis Díaz Alperi por tres delitos fiscales.
2 de abril de 2013
El inicio de la investigación
La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ asume la competencia para investigar a Alperi.
24 de febrero de 2014
La apertura de juicio oral
El TSJ abre juicio oral a Alperi y a otros tres acusados por fraude fiscal, falsedad y cohecho tras diez meses de instrucción.
9 de abril de 2014
Alperi pierde el aforamiento
Alperi deja su escaño en las Cortes, hecho que determina que pierda su aforamiento y que la causa se envíe a un juzgado de Alicante.
6 de febrero de 2015
Las dudas del juzgado
El magistrado Eugenio Alarcón plantea a las partes que se pronuncien sobre si el caso debe ser juzgado en Alicante o en el TSJ.
16 de octubre de 2017
Cuestión de competencia
Dos años después de consultar a las partes, el magistrado acuerda devolver al TSJ la causa por fraude fiscal al entender que este tribunal podría replantearse su postura al cambiar el Supremo su criterio sobre los aforamientos de los políticos imputados.
9 de noviembre de 2017
El rapapolvo del TSJ
El TSJ rechaza asumir la causa y considera «inadmisible» que no se haya juzgado aún después de tanto tiempo, devolviéndola a Alicante para que se enjucie con la mayor diligencia posible.
7 de mayo de 2018
Arranca el juicio
Arranca el juicio con las cuestiones previas de las partes, para reanudarse dos semanas después con las declaraciones de los acusados y los testigos.
Viernes 1 de junio 2018
Visto para sentencia
El caso queda visto para sentencia y todas las partes mantienen su postura. Aún no hay sentencia.
