El Ministerio de Justicia ofreció ayer a jueces, fiscales, letrados judiciales y Fuerzas de Seguridad en Alicante los servicios de su oficina especializada para gestionar los bienes intervenidos a las organizaciones criminales. Estos activos suelen traer más de un quebradero de cabeza al personal de los juzgados y suelen quedar directamente para marchar al desguace, cuando la propia Administración de Justicia puede sacar provecho de ellos. ¿Qué hacer cuándo se ha decomisado un cargamento de angulas? ¿O varios caballos? Los responsables de la oficina explicaron ayer en Alicante las posibilidades que les plantea la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (OGRA), que pese a funcionar desde 2015 todavía está infrautilizada.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, Pilar de la Oliva, aseguró que hay que evitar esta acumulación de efectos en los juzgados y que esta oficina ayudará a darles salida. Otros representantes de la judicatura, como el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, y el juez decano en funciones, Salvador Bellmont arroparon ayer la presentación de la oficina por la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte.
Según los datos presentados durante las jornadas en España sólo se logra decomisar el dos por ciento de los bienes de las organizaciones criminales. En las cuentas de la OGRA hay ingresados 30 millones de euros procedentes de bienes intervenidos a las mafias, de los cuales sólo un millón se destinó a distintos programas. El resto está inmovilizado debido a que los procedimientos judiciales de los que proceden están aún pendientes de sentencia firme.
La oficina ofrece a los juzgados de la provincia la posibilidad de investigar y detectar los bienes de las personas investigadas, por un lado y, por el otro, poner en marcha la subasta de los bienes lícitos intervenidos. La legislación permite a la Administración de Justicia la subasta preventiva de estos bienes mientras prosigue la investigación. El dinero queda consignado en una cuenta y, en caso de una sentencia absolutoria se devolverían al propietario. Los efectos, bienes, instrumentos y ganancias intervenidos, embargados o decomisados en el marco de un procedimiento penal cuya gestión se encomienda a la Oficina pueden ser realizados, si así se lo encomienda la autoridad judicial, mediante subasta pública o por medio de persona o entidad especializada.
El jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Jorge Zurita, planteó el problema que se presenta con las grandes plantaciones de marihuana indoor que se desmantelan en la Comunidad, donde los agentes se llevan las plantas pero después la organización reaprovecha todo el material, los focos, los aires acondicionados, etc. para montar otra plantación.
Desde la oficina se planteó que en Andalucía parte de esos equipos se estaban reciclando y, por ejemplo, los aparatos de aire acondicionado se estaban utilizando en colegios de esa Comunidad Autónoma.
Los responsables de la oficina recalcaron que trabajan con los bienes lícitos de estas organizaciones y la gestión de los bienes ilícitos no está entre sus objetivos. «No podemos hacer nada con las narcolanchas intervenidas en el Estrecho. Ponerlas a la venta, significaría que sólo puede comprarlas un tipo de persona», explicaron.
El personal de la oficina puede dar respuesta a los juzgados sobre medidas a adoptar para la conservación de los bienes intervenidos, subastarlos o la destrucción.
