La Audiencia Provincial marcó ayer el territorio a la Policía Local de Alicante para delimitar cuáles son sus competencias en materia de seguridad y evitar que interfieran en investigaciones que corresponden a la Policía Nacional. En los últimos meses se han producido distintos desencuentros y tensiones entre ambos cuerpos, cuyo punto culminante fue el arresto de cuatro personas, dos de ellas policías nacionales, el pasado 21 de abril por parte de agentes municipales al confundirles con los responsables de una violación en el Edificio Riscal de Alicante, tal como ya publicó este diario el 3 de mayo.

En este contexto, el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, convocó ayer la Comisión Provincial de Policía Judicial en la que los representantes de las Fuerzas de Seguridad se reúnen con jueces y fiscales para abordar los problemas a los que deben hacer frente para desempeñar su trabajo. Las últimas tensiones entre los cuerpos policiales fueron uno de los principales puntos en el orden del día.

El ambiente ya estaba caldeado por un informe previo que había enviado desde la Comisaría, sobre el último incidente y que fue remitido tanto a Cerón como al director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. En éste se acusaba a la Policía Local de haber puesto en peligro la investigación de un delito grave, «realizando funciones de investigación para las que no se encuentran habilitados» y «sin pruebas ni indicios de mínimo peso, deteniendo finalmente a cuatro personas que no tenían nada que ver con el hecho». Un informe que ha molestado en el cuerpo de la Policía Local, por las veces en que este cuerpo, según manifiestan, tiene que acabar asumiendo servicios por la falta de efectivos de la Nacional y porque concretamente en el caso que ha desatado la polémica aseguran que se cedió desde el primer momento a dicho cuerpo hacerse cargo de las actuaciones.

En la reunión de este organismo presidido por Cerón se trató de templar ánimos entre los dos cuerpos, pero también se recordó que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Real Decreto que regula la actividad de la Policía Judicial y el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación de Municipios y Provincias establecen cuáles son las competencias de cada cuerpo ante cada emergencia, recalcando que la competencia para la investigación de delitos graves corresponde a la Policía Nacional. No obstante, se dejó la puerta abierta para seguir trabajando en cómo distribuir mejor el trabajo tras las llamadas que se reciben en teléfono 112 de Emergencias. Aunque la reunión empezó con un intercambio de reproches, desde la Audiencia se les lanzó el mensaje de que lo pasado, pasado estaba y que había que centrarse en cómo seguir trabajando juntos a partir de ahora. Incluso se brindó a la Policía Local la posibilidad de que desde la Policía Científica se les asesore para colaborar en las pesquisas. Juan Carlos Cerón aseguró ayer que tras la reunión «la predisposición para cooperar entre ambos cuerpos ha sido máxima» y que hay voluntad para mejorar el modo de coordinarse.

A la reunión de ayer no asistió el comisario provincial, Alfonso Cid, pero acudió el número dos de la Comisaría, Manuel Lafuente, y otros mandos policiales, mientras que los agentes municipales estuvieron representados por su actual responsable, José María Conesa. También estuvieron el teniente coronel de la Guardia Civil Francisco Poyato; el juez decano Salvador Bellmont; y el fiscal jefe, Jorge Rabasa, entre otros, para tratar otros asuntos relacinados con la seguridad ciudadana.