29 de mayo de 2019
29.05.2019
Investigación

Un juez investigará la difusión del vídeo de la empleada de Iveco que se suicidó

La Policía intenta aclarar quiénes difundieron las imágenes y averiguar si la fallecida sufrió acoso

29.05.2019 | 11:30
Un juez investiga el caso de la trabajadora de IVECO.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto este jueves diligencias previas por el caso de una trabajadora de Iveco que se suicidó el pasado sábado tras la difusión de un vídeo sexual entre sus compañeros.

Según han informado a Efe fuentes del TSJM, una vez que la Policía Nacional ha remitido al juzgado el atestado con las investigaciones realizadas hasta este momento, el juez ha incoado diligencias previas sobre estos hechos, que podrían acarrear la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Este órgano judicial, que fue el encargado del levantamiento del cadáver por encontrarse de guardia cuando se produjo el fallecimiento, investigará la difusión del vídeo y ha decretado el secreto de las actuaciones.

La Fiscalía también investiga el caso


La fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, también ha pedido a la Policía un informe sobre las circunstancias que rodean el caso.

Fuentes de la Fiscalía han informado a Efe de que Tejada ha ordenado la apertura de diligencias informativas y ha pedido este informe para determinar si hay actuaciones que tengan relevancia penal y puedan ser investigadas.

La Policía Nacional está investigando quién grabó y quiénes enviaron y reenviaron el vídeo de contenido sexual que fue difundido entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares (Madrid), ya que todos pueden incurrir en delito.

La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo grabado hace cinco años se difundiese entre gran parte de la plantilla.

Mientras, la Policía Nacional de Alcalá de Henares ha abierto una investigación sobre el caso. Los agentes están analizando el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa que trabajaba, del grupo Iveco.

De momento, no hay detenidos y se investiga si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas. La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares.

Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de Olvido Hormigos, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa.

La sección sindical de CGT en Iveco explicó este martes que la mujer se grabó en el citado vídeo hace cinco años, y que recientemente alguien comenzó a difundir entre los compañeros, lo que hizo que ella se dirigiera a Recursos Humanos para denunciar lo ocurrido.

Allí le instaron a denunciar lo ocurrido, pero ella rechazó hacerlo, según el sindicato.

El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.

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