La Audiencia de Alicante sentó ayer en el banquillo a un empresario y a dos funcionarios de la Corporación municipal de Altea acusados de una presunta trama de sobornos denunciada por el Ayuntamiento de Oslo, que pretendía construir un geriátrico de más de cuarenta plazas en el municipio. El proyecto recibió numerosas trabas por parte de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Altea. Según denunciaron, recibieron la propuesta de un empresario por la que todos estos problemas desaparecerían si pagaban una mordida de 220.000 euros. Los dos funcionarios negaron saber nada de sobornos y aseguraron que actuaron en defensa de la legalidad porque el proyecto presentaba numerosas carencias; mientras que el empresario adujo que el soborno se lo exigieron a él, aunque no estaba dispuesto a hacer pago alguno. El juicio arrancó ayer en la Sección Décima de la Audiencia de Alicante.

La Fiscalía les acusa de cohecho y prevaricación. Los tres acusados se negaron a contestar a las preguntas de la acusación particular que ejerce la empresa promotora del proyecto Montemolar, sociedad participada el Ayuntamiento de Oslo. El proyecto consistía en la construcción de un edificio en una superficie de 5.500 metros cuadrados y tres plantas para la asistencia de personas de movilidad reducida, enfermos terminales y oncológicos. El empresario y los funcionarios negaron conocerse y el segundo de los técnicos aseguró que ni siquiera estaba en el Ayuntamiento cuando llegó la primera solicitud de obra por parte de la promotora.

El proyecto para las instalaciones se presentó en el Ayuntamiento de Altea a finales de 2006, un año antes de que entrara a gobernar el PSOE. La licencia no se otorgó hasta 2014 y aún hoy sigue sin construirse. El empresario acusado era el responsable de ejecutar la obra del geriátrico, la mercantil Covalencia, Vicente Viñoles. Éste aseguró que eran los primeros momentos del inicio de la crisis y que los retrasos en la concesión de la licencia de obra le estaban haciendo perder dinero porque tenía todo listo para empezar.

Facturas falsas

Según explicó el empresario, le comentó la situación a un conocido que tenía en el PSPV en la provincia de Valencia y que, tras consultar con sus compañeros del partido, le garantizaron que con un pago de 220.000 euros todo quedaría desbloqueado y que se camuflaría con facturas falsas a nombre de Covalencia.

El empresario aseguró que «me dejé llevar por la alegría del momento de pensar que todo se iba a arreglar» y llamó por teléfono a la responsable de la promotora del proyecto. Quedaron para trasladarle la propuesta y la empresaria grabó la conversación. «Solo me limité a trasladar lo que me dijeron. Nunca hubiera pagado nada. Con este contrato me llevaba nueve millones de euros. No iba a perderlo por un soborno de 200.000», dijo.

A los pocos meses, rescindieron el contrato alegando «pérdida de confianza», al tiempo que se interponía una denuncia contra él. «Creo que era una manera de cubrirse las espaldas ante una denuncia que iba a presentar yo contra ellos por el lucro cesante», explicó, ya que achacó los retrasos en la licencia a la «nefasta» gestión de la promotora.

Los dos funcionarios acusados son la arquitecta municipal y el jefe de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Altea. Ambos negaron ayer irregularidad alguna en sus actuaciones y aseguraron que sus reparos se debieron a carencias del proyecto, entre ellas la falta de accesos que garantizaran la accesibilidad al futuro edificio. «Sin estos accesos, el centro nunca podría haber entrado en funcionamiento», aseguró el técnico acusado.

Declaración de Interés Comunitario

El primer gran problema era que el edificio se levantaba en una parcela cuya catalogación era de suelo no urbanizable, por lo que la tramitación que tocaba era la solicitud de Declaración de Interés Comunitario por parte de la Generalitat.

Uno de los elementos que suscitó la polémica fue el requerimiento para que la promotora ejecutara una rotonda que debía ejecutarse dentro del Plan Parcial Puentes del Algar. Los técnicos alegaron que fue una de las propuestas que se planteó para solucionar el problema de la falta de accesos. Sin embargo, esta propuesta se truncó debido al hecho de que el Supremo tumbó el Plan Parcial de los Puentes del Algar y al hecho de que la variante de la N-332 a su paso por Altea sigue sin ser una realidad. Los técnicos aseguraron que sus informes negativos se debía a que se requería a la promotora una documentación que no aportaba. Uno de los técnicos aseguró que en una reunión en el Ayuntamiento, la responsable de la promotora aseguró que todo lo que se le pidiera desde el Ayuntamiento para el proyecto, ya se encargaría luego de que se lo quitaran luego en Valencia cuando llegara a la Generalitat.

La vista oral se retomará hoy con la declaración de otros técnicos municipales.