Anticorrupción pide archivar la causa a Camps por las obras del circuito de Fórmula 1

Tras haber pedido el procesamiento de los implicados meses atrás, el Ministerio Público considera ahora que no hay delito para seguir adelante con las actuaciones.

Según el informe al que ha tenido acceso este diario, el delito de prevaricación estaría prescrito, mientras que no existen indicios de que con los trabajos se haya malversado dinero público. Entre los investigados por esta causa están el que fuera vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el exconseller de Infraestructuras Mario Flores, así como el que ocupaba el cargo de secretario autonómico de esta Conselleria, Victoriano Sánchez.

La Fiscalía cita un informe emitido por la intervención de la Generalitat en el que no se puede concretar el perjuicio a las arcas públicas. Tras la analizar los expedientes de contratación, el informe concluye que "no se constatan fehacientemente hechos o circunstancias que permitan apreciar la existencia de un perjuicio económico directo para la Generalitat, evaluable económicamente derivado de la adjudicación de los expedientes examinados". Asimismo, el fiscal añade que de las diligencias de investigación practicadas "no se han obtenido indicios suficientes de que los trabajos contratados en los expedientes administrativos analizados no se hayan realizado correctamente". El fiscal añade que "es público y notorio que el circuito fue construído y permitió la celebración del Gran Premio de Europa de F1 de 2008 a 2012, sin que se haya podido acreditar un sobrecoste o un uso indebido de fondos públicos destinados a posibilitar la celebración de este evento deportivo".

En cuanto al delito de prevaricación que se investigaba, el fiscal asegura que Francisco Camps tenía competencia para realizar los actos administrativos de los que se derivaron las contrataciones de la Fórmula 1. Los informes de la Generalitat constatan que formalmente se siguieron los trámite esenciales del `procedimiento de contratación, motivo por el que el fiscal aclara que su querella sólo afectataba a los tres contratos adjudicados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Typsa y Ayesa, ya que la investigación policial puso de manifiesto la existencia de indicios suficientes para considerar que las adjudicaciones estaban "predeterminadas o amañadas", hecho que no se ha constatado a juicio del fiscal en el resto de contrataciones investigadas. Sin embargo, el fiscal considera que esas supuestas irregularidades prescribieron el 27 de septiembre de 2017, mientras que la investigación judicial comenzó el 30 de enero de 2018, por lo que el delito estaría prescrito.

Aunque en esta causa llegó a declarar en el juzgado el exsecretario general del PP en la Comunidad Ricardo Costa para colaborar con la investigación, el fiscal recuerda que en su declaración el testigo aseguró haber recibido dinero en metálico de algunos empresarios que habían resultado adjudicatarios de diversas contrataciones por parte de administraciones gobernadas por el PP, donaciones que fueron empleadas para hacer frente a los gastos electorales de las campañas de 2007 y 2008. Sin embargo, al ser preguntado por la construcción del circuito de Fórmula 1 afirmño no saber nada del mismo y que conocía datos por lo publicado por la prensa. El fiscal señala que las revelaciones de Costa se han remitido a los juzgados con causas abiertas por la presunta financiación irregular del PP, pero señala que éste no ha revelado datos sobre los contratos de la Fórmula 1.