La Audiencia de Alicante sentó ayer en el banquillo a uno de los presuntos cabecillas de una red afincada en la provincia que se dedicaba a asaltar a otros narcotraficantes con armamento de guerra. Otros miembros de la organización ya fueron juzgados y condenados por estos hechos ocurridos en el año 2008, mientras que este procesado todavía no había podido ser juzgado por encontrarse fugado de la Justicia. Su detención en Italia ha permitido poner en marcha el proceso de extradición a España para responder por estos hechos. La Fiscalía le reclama penas que suman más de 23 años de cárcel por delitos de asociación ilícita, robo con violencia, lesiones, uso de vehículos robados, tenencia de armas de guerra, falsedad de documento oficial y hurto.

El abogado defensor, José Luis Sánchez Calvo, planteó ayer al inicio del juicio que los hechos estaban prescritos, dado el tiempo transcurrido, petición que no fue atendida. Asimismo, el acusado negó las acusaciones y haber participado en los atracos. El procesado no reconoció que su voz fuera la que se oía en las escuchas telefónicas y aseguró que las armas intervenidas en el registro de su vivienda en Mutxamel tampoco era suyas. Según su versión, se trataba de un chalé en el que vivía con más personas, donde tenía alquilada una habitación y en el que apenas pasaba tiempo.

Los hechos se remontan al verano del año 2008 cuando la Policía estaba investigando a una banda organizada formada por ciudadanos magrebíes y búlgaros que se dedicaba a asaltar a grupos de narcotraficantes para hacerse con los alijos que transportaban, robos en los que se empleaban subfusiles y pistolas automáticas. El grupo estaba afincado en Alicante y se desplazaba a otras provincias limítrofes para perpetrar sus atracos en vehículos robados.

El responsable de la investigación aseguró ayer durante el juicio que la operación se aceleró cuando se detectó que la organización estaba empezando a cambiar a objetivos más fáciles y no vinculados al mundo de la delincuencia. Entre estos nuevos objetivos, se encontraba una discoteca de San Javier y un almacén de fruta en Cieza (ambos en Murcia). En este último, consiguieron un botín de 180.000 euros del dinero que se iba a pagar a las cuadrillas de trabajadores, armados con fusiles de asalto y pistolas y el rostro cubierto con pasamontañas. El atraco a la discoteca fue fallido y no se consiguió botín alguno, pero el jefe de seguridad del local de ocio resultó herido de un disparo en un pie.

Durante el registro en el domicilio del acusado se halló munición y cargadores de un fusil de asalto AK-47, una pistola semiautomática, navegadores, guantes y la carcasa de un luminoso de rotativo policial. A la organización se le intervino también material relacionado con la clonación de tarjetas de crédito, así como dinero falsificado.

A la banda se le atribuye un robo a un grupo de narcotraficantes el 15 de junio de 2008 en Burriana (Castellón) donde tenían información por parte de una persona infiltrada en el desembarco de una importante cantidad de hachís, aunque el acusado juzgó ayer no está acusado de haber participado en este golpe. El robo se vio frustrado porque la Guardia Civil estaba investigando a los narcos e intervino 3.000 kilos de hachís. Los asaltantes huyeron a tiros.