El auto por el que se archiva la denuncia por espionaje en los correos de los concejales del Ayuntamiento de Alicante descarta que las posibles brechas de seguridad en las cuentas corporativas tengan efectos penales para los responsables del sistema. El magistrado que ha cerrado el caso señala que pese a los indicios de «una inadecuada» seguridad en los servicios de correo generaría responsabilidades de quienes se ocupan de éste, «pero no a nivel penal, sino a nivel administrativo o laboral», razona el juez.
Tal como ya publicó ayer este diario, la denuncia presentada por Ciudadanos para denunciar la brecha de seguridad en las cuentas de correo de los concejales fue archivada al considerar el juez que la mera existencia de una clave maestra para acceder a los correos no indica que estos accesos se hayan producido necesariamente.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, aseguró ayer sobre la denuncia por la brecha de seguridad que «ya se les advirtió (a Ciudadanos) que no tenía ningún recorrido» y que «se andaran con ojo, a ver si lo que tenía recorrido era lo que había pasado al mal utilizar los medios del Ayuntamiento».
El magistrado Ángel Villanueva señala que no corresponde al juzgado una supervisión sobre los mecanismos de seguridad o control que puedan existir en el correo corporativo del Ayuntamiento. El juez señala que para que el delito de revelación de secretos se haya cometido es necesario que se haya producido una interceptación de comunicaciones o utilización de artificios técnicos de escucha. «En el presente caso, no existe constancia de ningún tipo de apoderamiento, no se afirma que tal cosa se haya producido. En efecto, la denuncia es sumamente ambigua y se limita a afirmar que como se ha podido acceder utilización una clave maestra es posible que dicho apoderamiento se haya producido (...) es una mera hipótesis». El juez concluye que la denuncia se limita a poner de manifiesto «un fallo de seguridad», pero no afirma en ningún momento que se haya producido «un acto voluntario doloso, con la intención de vulnerar el secreto o intimidad de los correos, entre otras cosas porque se ignora cuál podría ser su contenido».
Diligencias de investigación
En el auto, el juez también señala al fiscal que también él podría haber ordenado sus propias diligencias de investigación antes de remitir la denuncia el juzgado. Por este motivo, se acuerda un sobreseimiento provisional de las actuaciones con la posibilidad de poder reabrirlas si aparecen indicios de que el delito se ha cometido. El juez asegura que no puede iniciarse un procedimiento penal sobre la base de un mero fallo de seguridad. En este sentido apunta, a que tanto Ciudadanos como el fiscal pueden dirigirse a los servicios correspondientes del Ayuntamiento para que, en el ejercicio de las competencias que les son propias, verifique los mecanismos de seguridad en el tratamiento y el uso del correo corporativo y que emitan el correspondiente informe, que sería valorado para decidir si hay delito.
