05 de mayo de 2019
05.05.2019

La Comunidad es la segunda de España en la incautación de cocaína a narcos

Baja una posición en los bienes decomisados. Los beneficios obtenidos por la venta dan para poco

05.05.2019 | 00:33
Vista general del Puerto de València.

Durante el año 2017, las fuerzas de seguridad confiscaron en la Comunidad Valenciana casi 13 toneladas de las drogas que se miden por kilos (cocaína, hachís, marihuana y heroína), sin contar las casi 100.000 dosis de pastillas y psicotrópicos de toda índole. En términos porcentuales, supone un escaso 3,25 % del total. La razón es simple: la mayoría de las 400 toneladas intervenidas ese año en España, el país que más confisca de toda Europa con mucha diferencia, lo fueron de hachís, y ahí, Andalucía «reina» en solitario.

Pero, si analizamos las cifras de cocaína confiscada, las tornas cambian: la valenciana fue la segunda comunidad donde más polvo blanco se intervino. No en vano sigue siendo la principal puerta de entrada de la cocaína a toda Europa. Y, por supuesto, a Madrid, donde residen muchos de los grupos con capacidad para importar los grandes cargamentos por vía marítima, haciendo buena la máxima, también en esto, de que València es el puerto de la capital española.

Así, salvo las (inusuales) 15,50 toneladas intervenidas en 2017 en el puerto de Algeciras, València fue la provincia donde más cocaína fue decomisada: más de 7.067 kilos; el 95 % de los 7.438 intervenidos en la C. Valenciana. Y el doble que Málaga, el triple que Madrid o Pontevedra y casi seis veces más que Barcelona. En términos económicos, 212 millones de euros, si esas siete toneladas largas de cocaína hubiesen acabado en el mercado negro de los mayoristas de la droga. Es decir, es una incautación no monetarizable para las administraciones públicas.

¿Y qué hay de los bienes de los narcos, esos que sí se pueden enajenar y vender? La aportación de la Comunidad Valenciana a ese fondo común que gestiona el Plan Nacional sobre Drogas (PND) no parece tener una traslación paralela en la confiscación de bienes. Así, según las estadísticas del Ministerio del Interior, en el año 2018 hubo 80 decomisos en territorio valenciano dentro de operaciones policiales contra el tráfico de drogas en todas las escalas, 41 de ellos en València, 35 en Alicante y solo cuatro en Castellón. Lo más valioso, dos emabarcaciones y un inmueble incautados en Alicante.

El resto son vehículos, joyas y lo que el PND llama «objetos»: desde ropa a enseres domésticos, pasando por «bisutería», «quincalla» o dispositivos informáticos y móviles. Estos últimos son los más difíciles de vender, porque la ley de protección de datos impide sacarlos al mercado para evitar posibles fugas de información de los propietarios originales. Se trata de la cifra más baja desde 2010.

De hecho, la Comunidad Valenciana ha descendido a la quinta posición en el número de bienes decomisados (desde embarcaciones a dinero) al narcotráfico, un 4,78 % de los 1.675 decomisos realizados por las fuerzas de seguridad en toda España. En dinero, sólo se sabrá lo que generan cuando los distintos procedimientos judiciales generados terminen (o no) en una sentencia firme que permita al PND enajenarlos, venderlos, subastarlos o destruirlos, que es donde acaban la mayoría de los efectos intervenidos, o bien por su escaso valor inicial o bien porque el tiempo los ha dejado inservibles para convertirlos en dinero, como ocurre con los vehículos.

Por delante de València se situaron el año pasado Andalucía con 645 decomisos (38,6 % del total), una cifra ocho veces mayor que la valenciana, o Madrid, que supone el 17,1 % de las incautaciones de bienes, pero también Cataluña o Galicia, comunidad esta que ha escalado una posición respecto a 2017.

En ese mismo periodo, es decir, en 2018, los «beneficios» generados para el PND por las actuaciones policiales antidroga desarrolladas en la C. Valenciana tampoco fueron para lanzar las campanas al vuelo: 17 coches intervenidos en operaciones policiales en años anteriores (12 en València, cuatro en Alicante y solo uno en Castellón) cuya subasta ha generado un pingüe beneficio: 27.955 euros. Un 4,7 % del total recaudado en todo el territorio nacional. Madrid, a la cabeza, generó 8, millones y Pontevedra, 1,5.

De todo el dinero que recauda anualmente el PND, un 30 por ciento revierte al año siguiente en el «control de la oferta», esto es, va a las arcas policiales para seguir desmantelando organizaciones, deteniendo narcos y confiscándoles su droga, sus bienes y su dinero, y el otro 70 % al «control de la demanda», esto es, a programas de control de las adicciones y a asistencia a drogodependientes.

Tampoco los valencianos rascan demasiado. De los 8,7 millones destinados a las comunidades autónomas, la valenciana solo ha solicitado 422.000 euros (354.000 para un programa de la Generalitat, el Umada, que previene drogodependencias, y 68.000 para combatir la adicción al juego y a las nuevas tecnologías). Más triste es la asignación a los municipios, de los 6,5 millones disponibles, la C. Valenciana solo dispone de los 263.420 euros.

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