La Guardia Civil ha desarticulado un grupo de cuatro personas dedicadas presuntamente a cometer estafas a empresarios agrícolas de Alicante y Murcia mediante el alquiler fraudulento de fincas que no eran de su propiedad, aunque aparentaban ser los dueños. Los investigadores han esclarecido cinco estafas por un valor próximo a los 150.000 euros.

En la operación ha sido detenido el presunto cabecilla, un español de 51 años y vecino de Albacete. Además han sido investigadas por un delito continuado de estafa dos hombres y una mujer residentes en la Región de Murcia.

La investigación se puso en marcha tras la denuncia de un empresario agrícola ante la Guardia Civil de Torre Pacheco, en Murcia. El denunciante relató que fue estafado en el arrendamiento de una finca. Explicó que contactó a través de internet con un hombre que ofrecía una propiuedad para su explotación y cultivo y concertaron una cita.

En el encuentro formalizaron el contrato de arrendamiento y más tarde descubrió que realmente no era el propietario de la explotación agrícola. La Guardia Civil descubrió tras esta denuncia que había otros empresarios que desconocían haber sido víctimas de la misma estafa y habían arrendado a la misma persona varias fincas sobre las que no poseía títulos de propiedad.

El sospechoso fue identificado y los agentes comprobaron que tenía antecedentes por delitos similares. Las pesquisas destaparon un entramado para estafar a empresarios agrícolas mediante el alquiler fraudulento de fincas a través de páginas web.

Uno de los implicados contaba con amplios conocimientos del sector agrícola y contaba con colaboradores. La trama actuaba en diferentes provincias y adoptaba numerosas medidas de seguridad. Se desplazaban en coches de alquiler para seleccionar las fincas y para detectar la presencia policial durante los encuentros con las víctimas.

El cabecilla estudiaba minuciosamente las fincas para conocer su productividad en función del tipo de cultivo, los sistemas de regadío y otras características de los terrenos para dar una mayor apariencia de ser el dueño ante las potenciales víctimas.

Una vez se realizaban los encuentros el estafador les insistía en firmar los contratos cuanto antes para evitar que descubrieran el engaño. Las fincas normalmente las alquilaban por una media de 45.000 euros al año, importe que se paga en efectivo en parte o con cheques bancarios. Para asegurar el cobro les pedía una primera entrega de casi 9.000 euros.

Las pesquisas permitieron localizar a una víctima potencial que concertó una cita en Cox con uno de los empresarios y allí acudió también la Guardia Civil. Los agentes arrestaron al cabecilla, que se mantuvo fuera de la zona hasta el último instante, y a otro implicado que realizaba labores de vigilancia.