El principal sospechoso de la desaparición en Ibiza de la alicantina Nuria Ester Escalante, un varón de nacionalidad polaca que era el único de los cinco acusados por este caso que permanecía en prisión preventiva desde el 29 de noviembre de 2018, quedó ayer en libertad provisional con obligación de comparecer en los juzgados ibicencos «todos los lunes y cuantas veces fuera llamado».
Así lo ha decidido el magistrado titular del juzgado de Instrucción número 4, Santiago Pinsach, quien en un auto notificado ayer ha acordado la retirada y retención del pasaporte de este sospechoso y la prohibición de que abandone la isla «salvo autorización judicial».
El juez instructor argumenta su decisión en la «insuficiencia indiciaria actual para el progreso de la acción penal, el tiempo transcurrido en prisión provisional [de S.W.] y el presumible estancamiento de la instrucción en función de la estimación racional sobre el resultado potencial de las diligencias pendientes y los parámetros constitucionales y jurisprudenciales [...]». «Resulta obligado reconsiderar la situación personal del investigado y sustituir la más grave medida cautelar de prisión provisional por la de restricción de movimientos, comparecencias frecuentes y controles transfronterizos, todo ello, obviamente, en situación de libertad provisional en semejante manera que el resto de investigados, sin perjuicio de que se pueda modificar dicha situación», justifica el juez.
El titular del Juzgado de Instrucción 4 también señala que «aún cuando subsistan motivos en su momento ponderados para sostener la posible participación del investigado en este presunto homicidio/asesinato adverada a través de grabaciones de cámaras de seguridad [...]», transcurridos ya más de cuatro meses desde la resolución inicial de la prisión provisional (confirmada por dos autos de la Audiencia Provincial de Palma) y practicadas las principales diligencias de instrucción no pueden estimarse confirmados o reforzados tales indicios de cara al necesario progreso de la acción penal».
El juez justifica que las «activas y numerosas actuaciones policiales de rastreo y búsqueda de vestigios biológicos (incluyendo, en su caso, el cuerpo o cadáver) de la persona desaparecida no han dado resultado positivo».
Asimismo, reconoce que a pesar de la «muy poderosa presunción de muerte que se sigue de las circunstancias de la desaparición, dicho fallecimiento no puede ser confirmado absolutamente», por lo que «no puede establecerse la autoría en cuanto al investigado».
Pinsach también recuerda que las demás diligencias de instrucción no han aportado «datos concluyentes» y las imágenes de las cámaras de seguridad, tras incorporarse el correspondiente informe pericial, sobre los «sospechosos movimientos del investigado durante la noche de los hechos, con posterioridad a la última activación del teléfono de Nuria (incluyendo repetidos y erráticos paseos a pie, con una maleta, con una motocicleta y, a altas horas de la madrugada, con un carro de compra cargado con objetos pesados) no han dado el resultado esperado».
El magistrado también hace referencia en el auto al análisis de la tarjeta telefónica del móvil de Escalante, «adelantado verbalmente y de inminente incorporación», del que apunta que, aunque no resulta decisivo, «ofrece un amplio margen de investigación que queda abierta y que precisará tiempo». Por último, alude a la información pedida a Google para la geolocalización exacta del mismo terminal de la desaparecida, la «única» diligencia pendiente.
