Una magistrada ha abierto juicio oral al exvicealcalde y exconcejal de Atención Urbana de Alicante Andrés Llorens, al funcionario José María Lidón y a dos empresarios por amañar las obras del Plan E en la ciudad. La juez les envía al banquillo por los delitos de prevaricación y falsedad. En el auto se fija una fianza de dos millones de euros para aportar por los acusados y las mercantiles implicadas para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles en caso de condena. El siguiente paso será que las defensas aporten sus informes de conclusiones provisionales antes de enviar la causa a juicio. Como ya publicó este diario, la Fiscalía reclama cuatro años de prisión para cada uno de los cuatro acusados.
En el auto por el que procesó a los acusados, la magistrada considera que de la investigación practicada se desprende que entre los años 2009 y 2010 existió un acuerdo entre el técnico de la concejalía de Atención Urbana, José Lidón, con las mercantiles Civil de Construcción Mantenimientos y Servicios (CCMS) y la delegación en Alicante de Becsa para beneficiar a ambas «de manera ilícita» en la contratación de obras públicas, fundamentalmente en trabajos adjudicados por el Plan E en Alicante, un programa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para estimular la economía al inicio de la crisis. En el auto se relataba que los pliegos de condiciones habrían sido redactados por el apoderado de Becsa, Juan Manuel Valdivieso, y firmados como propios por Lidón. Los trabajos se adjudicaban a Becsa, quien a su vez la subcontrataba a CCMS, cuyo representante es Javier Álvarez Martín. Las escuchas telefónicas evidencian la estrecha relación del técnico con los dos empresarios, señala el auto.
El auto señalaba que también existen indicios de que dichas irregularidades eran conocidas y consentidas por el entonces concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens que firmó todas las licitaciones objeto de examen. La magistrada recuerda también las relaciones del hermano del edil, José Felipe Llorens, con la mercantil que vendió a Becsa los contenedores que iban a ser soterrados por distintos puntos de la ciudad, uno de los proyectos en los que se centra la investigación. En este sentido recuerda que los contenedores llegaron a venderse a una empresa especializada en rótulos publicitarios y luego vendidos a Becsa, maniobra con la que se trataría de ocultar la intervención de la empresa en la que participaba el hermano de Llorens.
La investigación se ha centrado también en las relaciones entre el funcionario investigado con las dos mercantiles, cuyos hijos han trabajado tanto en CCMS como en Becsa, señala el auto que incide en que desde su creación la mercantil CCMS se sustenta principalmente de dinero procedente del Ayuntamiento de Alicante, cuyo volumen de negocio ha ido en aumento desde 2006. El auto señala que en los registros policiales en BECSA se encontró documentación de la que se evidenciaba «el compromiso adquirido por parte de miembros del Ayuntamiento de Alicante para adjudicaciones por un valor aproximado de cinco millones, cantidad muy cercana al beneficio obtenido» por la mercantil con los proyectos investigados.
