Un jurado popular declaró ayer no culpable a la exedil de Castalla Magdalena Durá acusada de adjudicar la organización de una feria a una empresa afín, según confirmó este diario en fuentes judiciales. Tras apenas dos horas de deliberación en la Audiencia Provincial de Alicante, el jurado no ha considerado probado que haya vínculos entre la exconcejal y la mercantil que organizó el evento, por lo que descarta la existencia de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. En esta causa sólo el PP de Castalla ejercía la acusación que pedía ocho meses de cárcel, ya que la Fiscalía tampoco veía delito en la actuación de la exedil. El veredicto se alcanzó por unanimidad de los nueve miembros del jurado.

Los hechos se remontan al año 2012 con motivo de la organización de la feria agrícola de San Isidro en Castalla. Durante 18 años, antes de la incorporación de Durá al Ayuntamiento, la celebración de la actividad había corrido a cargo de la mercantil Corda i Nuc de la que ésta fue administradora. En 2012 la feria se adjudicó a otra empresa, la cooperativa Yabaltariq. Desde el PP se sostenía que se trataba de una empresa intermedia para que la exedil siguiera adjudicándose el certamen, extremo que el jurado no consideró probado.

Durá, que estaba defendida por la abogada Nerea Andreu, siempre ha negado la existencia de irregularidades y aseguró que no conocía a los responsables de la nueva mercantil. La Fiscalía consideraba que no hay ningún vínculo entre las dos empresas, ni que la organización de la feria hubiera causado perjuicio alguno a la Administración Pública, por lo que reclamaba la absolución de la exconcejal.

Durá se incorporó al ayuntamiento en 2011, donde les correspondieron las concejalías de Fiestas, Ferias, Ocio y Tiempo Libre, tras cerrarse un acuerdo entre el PSOE y Compromís. En enero de 2014, Durá renunció a su acta de concejal alegando por «razones exclusivamente profesionales».

La investigación de estos hechos motivó otra causa penal al exedil del PP Esteban Leal por haberse hecho pasar por un representante del Ayuntamiento de Pinoso para pedir un presupuesto a la empresa vinculada a Durá. Leal fue condenado por un juzgado de lo Penal, pero la Audiencia revocó la condena y lo absolvió.