Un jurado popular juzga desde ayer a la exconcejala socialista de Fiestas del Ayuntamiento de Castalla Magdalena Durá acusada de haber adjudicado la organización de una feria en el año 2012 a una empresa vinculada a ella. La exedil negó cualquier vínculo con esa empresa y aseguró que no conocía a sus responsables, corriendo la adjudicación a cargo del Ayuntamiento con un nuevo sistema de contratación que empezó ese mismo año.
La primera sesión de la vista oral estaba reservada para la selección del jurado, los alegatos iniciales de las partes y la declaración de la acusada. Un interrogatorio que fue breve y en el que la exedil, ya desvinculada de la actuación política se limitó a negar las presuntas irregularidades y a decir que no conocía los responsables de la cooperativa a la que se adjudicó el evento. El juicio se retomará hoy con la declaración de los testigos y mañana está previsto que el jurado cierre su veredicto.
La Fiscalía no ve indicios de delito en la actuación de la exedil, mientras que la agrupación local del PP ejerce la acusación particular y reclama para ella una pena de ocho meses de prisión y dos años de inhabilitación por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Los populares la acusaban también de un delito de prevaricación, pero este fue excluido del proceso.
Los hechos se remontan al año 2012 cuando el Ayuntamiento de Castalla adjudicó a la cooperativa Yabaltariq el montaje y organización de la feria de San Isidro en la localidad, que se debía celebrar entre el 18 y el 20 de mayo. Durante los últimos 18 años, la organización de esta feria corría a cargo de la mercantil Corda i Nuc, de la que la hoy exedil era administradora. Durá se incorporó al ayuntamiento en 2011, donde les correspondieron las concejalías de Fiestas, Ferias, Ocio y Tiempo Libre, tras cerrarse un acuerdo entre el PSOE y Compromís.
Un año después, la nueva empresa fue la adjudicataria de la feria. La acusación particular sostiene que, a pesar del relevo de mercantiles en la organización del evento, la empresa ligada a la exedil seguía siendo la verdadera organizadora, en la que ella misma ofrecía puestos a los participantes y contrató a personal para supervisar la seguridad del evento, a pesar de la incompatibilidad que existía para dichas actividades por su cargo de concejala.
Por su parte, la Fiscalía considera que no hay ningún vínculo entre las dos empresas, ni que la organización de la feria haya causado perjuicio alguno a la Administración Pública, por lo que reclama la absolución de la exconcejal. En enero de 2014, Durá renunció a su acta de concejal alegando por «razones exclusivamente profesionales».
Una investigación que salpicó a los denunciantes
Aunque pocos meses después al Audiencia revocó la sentencia, un exconcejal del PP de Castalla fue condenado en su día por hacerse pasar por funcionario del Ayuntamiento de Pinoso para tratar de investigar los vínculos entre la empresa Corda i Nuc y la exedil Magdalena Durá. La Audiencia de Alicante consideró que el exedil Esteban Leal no había cometido un delito de usurpación de funciones al enviar un correo a la empresa solicitando presupuestos simulando ser representante de la corporación de Pinoso para la organización de una feria medieval en el municipio. Un juzgado de Alicante le impuso un año de cárcel y la sentencia fue revocada.
