La Policía Nacional desarticuló este fin de semana un grupo itinerante de proxenetas que explotaba a mujeres en pisos turísticos. Los agentes constataron durante la investigación que la red criminal había alquilado viviendas en más de la mitad de las provincias de España. En el operativo se detuvo a 11 personas, dos de ellas en Alicante, y se decretó el ingreso en prisión para seis de ellas. Por otra parte, se liberó a once de las mujeres.
La investigación comenzó cuando los agentes supieron de la existencia de una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La red captaba a mujeres jóvenes, todas ellas venezolanas con una situación de precariedad económica y vulnerabilidad. Les ofrecían un trabajo que en realidad no existía y se les trasladaba a alguna de las ciudades en las que operaban. El desplazamiento incluía la reserva de hotel, el pago del billete de avión y otros trámites que generaban una deuda económica de la que debían hacerse cargo ellas ejerciendo la prostitución.
La red desmantelada aprovechaba su amplia movilidad geográfica para ofrecer a las mujeres como «novedades» en las localidades a las que las trasladaban, lo que les proporcionaba un mayor beneficio económico.
Hasta los lugares en los que tenían las viviendas alquiladas para prostituir a las jóvenes también se desplazaban los arrestados. Se instalaban en otros pisos cercanos a los que utilizaban para la explotación de mujeres y desde allí supervisaban la actividad ilícita.
Las víctimas eran controladas bajo amenazas y coacciones en todo momento. Los miembros de la banda les agredían físicamente para someterlas a hacer frente al pago de la deuda contraída si no les entregaban ellas el dinero. Una deuda que además aumentaba si no cumplían con los plazos que se les había establecido para hacer efectivo el pago.
Los movimientos y los contactos que las mujeres tenían con terceros eran siempre supervisados, además de auditar sus servicios sexuales sin permitir que descansaran. La organización también se aprovechaba de que todas las agredidas eran mujeres sin papeles y les ofrecía la posibilidad de regularizar su situación en España a cambio de una contraprestación económica.
Además de la explotación sexual de mujeres, se dedicaban al tráfico de drogas a pequeña escala bajo las directrices de los miembros de la organización que ocupaban los escalones más altos de la misma.
