Una mujer española detenida en Alicante por la Policía y casada con un yihadista marroquí, que se cree que falleció combatiendo en las filas del Dáesh, será juzgada el próximo jueves en la Audiencia Nacional por integración en organización terrorista por haber intentado viajar a Siria junto a sus cuatro hijos para unirse al Estado Islámico (EI).
Por estos hechos, la Fiscalía le pide a la acusada, Dolores Hidalgo, 9 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación para empleo o cargo público, si bien fuentes jurídicas apuntan a que su defensa podría alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público por el que se le rebajaría la condena a cambio de reconocer las acusaciones contra ella.
Hidalgo, que desarrolló además una labor captadora y proselitista en internet y también hacia sus hijos, fue detenida el 15 de febrero de 2017 en una vivienda de la calle Pintor Antonio Amorós de Alicante, en el barrio de Juan XXIII, y el juez la envió a prisión acusada de integración en Dáesh.
Sus hijos tenían, en el momento del arresto, 6 años en el caso de una niña y 4, 7 y 15, en cuanto a los varones.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que el marido de la acusada, el marroquí Mohamed Belguin Ikhlaf, Abu Anuar Al Andalusí, huido en esta causa, salió de España el 24 de mayo de 2014 y se integró en el Estado Islámico (EI) con la ayuda de otro procesado que también se encuentra en busca y captura, Hadj Tabbai.
«No se tiene constancia fehaciente de la muerte en Siria» de los dos huidos, señala el fiscal, si bien señala que la acusada, conocida con el sobrenombre de Maryam, publicó en su perfil de Facebook «una serie de comentarios en los que se lamentaba de la pérdida de su marido» y decía estar «destrozada».
Preparativos
Belguin, según el fiscal, antes de viajar a Siria, donde asumió labores de «policía de la Sharia», inició los preparativos para que su esposa, nacida en Murcia, y sus cuatro hijos se reunieran allí con él acompañados de su amigo Rachid El Kharrim, su esposa y su hija.
Dolores Hidalgo, destaca el escrito, manifestó «una clara determinación de desplazarse a territorio controlado por el Estado Islámico (...) no habiendo podido conseguir su propósito por razones ajenas a su voluntad», lo que acreditaría la comisión del delito de integración en organización terrorista.
Tuvo dificultades para documentar al menor de sus hijos al no estar el padre presente para dar su consentimiento y para sortear este obstáculo denunció falsamente la desaparición de su esposo en Ceuta, «siendo plenamente consciente del lugar en el que se encontraba su marido».
En octubre de 2016 en una conservación en un chat de WhatsApp, la acusada le comenta a una amiga que «el fiscal se opondría» a que su hijo obtuviera el pasaporte y que se vería obligada a pasar el resto de su vida en España cuando lo que ella quería es irse fuera.
