28 de marzo de 2019
28.03.2019

Godella: la tormenta (burocrática) perfecta

La Policía Nacional indaga si hubo fallo por no atender en el momento el oficio judicial ordinario tras la denuncia de la abuela de los niños

28.03.2019 | 14:59
Godella: la tormenta (burocrática) perfecta

Ninguna de las administraciones implicadas vio las señales de urgencia en los días previos al doble parricidio

Ni la Policía Local de Godella, ni los servicios sociales de su ayuntamiento, ni el juez de València que acabó recibiendo la denuncia de la abuela, ni la Policía Nacional. Nadie, ni una sola de las administraciones que de un modo u otro tuvieron relación con la familia de Damiel e Ixchel, los dos niños de Godella supuestamente asesinados por sus padres, en los tres días anteriores al doble parricido, fue capaz de captar las señales de alarma de que algo no iba bien en el entorno más próximo a los menores.

El detonante fue un mensaje que María G. M., la madre de los pequeños, envió a su madre (y abuela de los menores) en la mañana del lunes, 11 de marzo, 65 horas antes de los asesinatos. «Me voy a reunir con el Creador» (en singular), le escribió María a su madre en un mensaje de Whatsapp.

La abuela, conocedora de la salud mental de su hija (estaba en tratamiento en el ambulatorio de Godella por una supuesta depresión postparto tras el nacimiento de la pequeña, Ixchel, cinco meses antes), se alarmó ante la amenaza de suicidio y fue a la casa. La recibió su yerno, Gabriel, con quien, al parecer, nunca se había llevado bien. Asegura que le gritó, que la echó, que la insultó y que la amenazó con «denunciarme por maltratar a mis nietos», reflejaría 56 horas más ante un juez en València.

La mujer se dirigió entonces al retén de la Policía Local de Godella y expuso lo sucedido «en una llamada telefónica», según el ayuntamiento, que asegura que se desplazaron a la casa «dos patrullas de policía local de Godella y de Rocafort». El consistorio zanja esa intervención con un «se comprueba que se trata de un conflicto relacional con miembros de la familia extensa [se refieren a la abuela]. Tanto los progenitores como los menores se encuentran en buenas condiciones». Así las cosas, no le dicen nada ni a la Guardia Civil (tiene jurisdicción en áreas rurales de Godella, entre ellas, el lugar donde se alza la casa), ni a la Policía Nacional (con jurisdicción en el casco urbano del municipio).

El miércoles, la abuela, desesperada ante la falta de respuesta institucional y convencida de que los niños no deberían seguir en la casa, llama al Teléfono del Menor porque Damiel no ha ido al colegio San Sebastián de Rocafort, donde había comenzado en septiembre pasado en el aula de 3 años.

Qué hizo cada uno

El Teléfono del Menor responde adecuadamente y esa misma mañana contacta con los servicios sociales municipales de Godella. Traslada que la abuela está preocupada por el anuncio de su hija y porque el niño mayor no está yendo a clase.

Según un comunicado del ayuntamiento, «Servicios Sociales establece coordinación con el centro escolar, el centro de salud de Godella y la Policía Local, además de contactar telefónicamente con la familia extensa [se refiere de nuevo a la abuela] para ampliar información y continuar con la intervención». Pero no da un solo dato de qué hace a partir de ahí cada uno de esos servicios.

Tampoco de cuál fue la respuesta a la abuela. Pero lo cierto es que, tras esa conversación, la abuela debió sentir que nadie la ayudaba en su cruzada para sacar a los niños de la casa y decidió acudir a un juzgado.

Sin embargo, el más próximo a su casa -Moncada- no recoge denuncias de particulares por las tardes, así que tuvo que desplazarse a la Ciudad de la Justicia de València, a media hora en coche de su domicilio, para denunciar. La mujer explicó al funcionario que temía por su hija después de lo que parecía un anuncio de suicidio, puso en cuestión la salud mental tanto de su hija como de su yerno, relató las amenazas de este contra ella, dijo que la acusó de «acosarles» y que le advirtió de que interpondría una denuncia de malos tratos a sus nietos para que la alejasen de ellos.

También reflejó que los pequeños podían encontrarse «en estado de abandono». Eso sí, no habló de «malos tratos o de que estuviesen en riesgo físico o en peligro», según admitieron ayer fuentes del TSJ-CV. La mujer insistió en ver al juez. Éste accedió «a hablar con ella unos minutos», según las mismas fuentes, tras lo cual ordenó la apertura de unas diligencias previas con la denuncia y un escrito.

Estableció que escrito y denuncia fuesen enviados al decanato de los juzgados de Paterna como cabeza de partido judicial de Godella (ni siquiera al juzgado de guardia; sino al decanato para que repartiese el asunto), y a la comisaría de la Policía Nacional en Burjassot, «con objeto de que, a prevención, se tomen las medidas oportunas en relación con la situación de los menores». Sin más.

El juez no apreció un riesgo inmediato ni urgencia, ya que, de haberlo hecho y en aplicación del artículo 13 de la ley de enjuiciamiento criminal, podría haber ordenado dentro de esas diligencias medidas cautelares para proteger a los niños, aunque supiese que se iba a inhibir en el juzgado de Paterna al ser el competente sobre los delitos cometidos en Godella. Así lo admiten las fuentes del TSJ, que insisten en que la mujer «no refirió un peligro de muerte, ni violencia, ni maltrato sobre los menores».

Las diligencias salieron (electrónicamente) del juzgado de guardia de València a las 17.17 horas del miércoles, 13 de marzo. Unas, al decanato de Paterna, cerrado a esas horas. Las otras, las de la Policía siguieron el curso de todos los oficios judiciales ordinarios y fueron a parar a un ordenador de la oficina de denuncias de la comisaría. El agente que lo abrió, el mismo que atiende a ciudadanos que acuden a denunciar o que tramita las diligencias que se derivan de las anteriores, siguió el procedimiento: lo leyó, vio que no era un requerimiento judicial urgente, lo imprimió y lo dejó en la bandeja de la Secretaría de la comisaría.

Y, como es habitual, a lo largo de la mañana siguiente, otro funcionario recogió el contenido de esa bandeja y lo entregó, junto con el resto, al jefe de la comisaría para que diese las órdenes necesarias. De nuevo, el procedimiento habitual en función del contenido de ese escrito.

Depurar responsabilidades

En ese momento, 110 personas, incluidos agentes de esa comisaría, buscaban a los niños desde las 7.30 horas. En ese momento, las 11.00 horas del jueves, 14 de marzo, Damiel e Ixchel llevaban entre seis y ocho horas muertos y sepultados junto a su casa.

Sus cuerpos aún tardarían siete horas más en ser encontrados por el grupo de Homicidios de la Guardia Civil, tras lograr desbloquear a la madre, que no había dicho una frase coherente en todo el día -el forense le diagnosticó un brote esquizofrénico agudo-, aterrorizada porque todo aquel que se le acercaba «era miembro de la secta que, según ella, abducía cada noche a sus hijos para hacerles daño», según fuentes cercanas al caso.

El juez de Instrucción 4 de Paterna ya ha pedido al ayuntamiento de Godella dos informes para ver si de su actuación se derivan responsabilidades. Además, la Policía Nacional está elaborando un informe para ver si hay o no negligencia en su actuación. En caso de haberla, abrirán un expediente sancionador. Eso sí, de momento, es la única «investigación extrajudicial» abierta para saber quién y cómo falló.

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