Miguel López, el yerno de María del Carmen Martínez acusado de su asesinato, será juzgado por un tribunal popular y no por uno ordinario, como pretendía su defensa. La magistrada Francisca Bru, a quien ha correspondido la presidencia del jurado, ha desestimado la petición del abogado de López también en el sentido de que, si no se aceptaba esta petición, la vista oral se celebrara en una provincia que no fuera Alicante.

Realmente la magistrada ha desestimado la práctica totalidad de las alegaciones planteadas por la defensa del acusado, entre las que se encontraba el hecho de que se incluyera la posibilidad de que la víctima hubiera sido asesinada como consecuencia de un robo, lo que habría quitado la competencia al jurado.

Todo apunta a que el juicio se podría celebrar después del verano.

Lo que pedía la defensa

Que le juzgara un tribunal formado por jueces en vez de uno popular o, en su defecto, que la vista oral se celebrase fuera de la Comunidad con un jurado incomunicado con el mundo exterior desde que fuera elegido hasta la lectura del veredicto. Y que el juicio se celebrase a puerta cerrada. Esto es lo que pedía la defensa de Miguel López en el escrito de personación ante la magistrada.

Intentando por todos los medios librar a su cliente de sentarse ante nueve ciudadanos, que tendrán que decidir entre condenarle a más de 24 años de prisión por la muerte a tiros de su suegra o declararle inocente, el letrado Javier Sánchez-Vera apoyaba su petición de que el proceso se transformase en un procedimiento ordinario en el «juicio paralelo que se ha venido produciendo» desde el inicio del caso dada la amplia repercusión mediática que ha tenido.

El abogado, que acusa a la Policía de filtrar datos secretos del sumario, afirmaba que los medios de comunicación «no solo han informado de las diligencias que se han ido practicado, sino de las concretas opiniones al respecto sobre la culpabilidad o inocencia de Miguel López». Algo que «contamina a los ciudadanos posibles jurados» frente a «la coraza que supone el conocimiento de una técnica jurídica probatoria y en Derecho en general con la que poder parapetarse frente a las influencias que hemos visto», precisaba en alusión a un tribunal de magistrados.

La defensa de Miguel López también planteaba la alternativa de que la vista oral se celebrase «en otra provincia distinta a Alicante y en ninguna de la Comunidad, a elegir por sorteo, así como por jurados de otra circunscripción de tal manera que, al menos en parte, se traten de soslayar los gravísimos riesgos» de ese juicio paralelo que podría dar lugar a ideas predeterminadas, dado el conocimiento del caso a través de los publicado, sobre la supuesta responsabilidad del encausado.

Pero las peticiones de la defensa de Miguel López no acababan ahí. Planteaba además que la cédula de citación a los jurados no incluyera datos identificativos de la causa, de modo que los seleccionados para formar el tribunal popular no sepan qué caso van a juzgar hasta que no comience evitando así que puedan informarse sobre el mismo o «comentarlo con su entorno» antes de iniciarse la vista.

Y para que no se produzca «contaminación alguna durante el juicio, solicitaba que «se facilite el tiempo prudencial para que los jurados, ya elegidos, puedan recoger ropa y pertenencias necesarias a los que efectos de que el juicio se celebre con ellos ya en la misma situación que se dispone para las deliberaciones, es decir, incomunicados».