Agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras (Pafif) de la Guardia Civil de Santa Pola han intervenido 4.932 botes de tinta para tatuajes sin homologación ni control sanitario en una batida de inspecciones llevadas a cabo en 13 salones de tatuajes y dos almacenes distribuidores en Sant Joan d'Alacant, Elda, Ibi, Elche, Villena y Alicante, según informó ayer la Comandancia alicantina.
Las inspecciones de la Pafif de la Guardia Civil de Santa Pola se realizaron para verificar que los locales dedicados al tatuaje, micropigmentación, piercing u otras técnicas similares utilizan la tinta autorizada por la legislación española. Los agentes detectaron 32 infracciones administrativas y sancionaron a 14 hombres de entre 20 y 48 años y a dos mujeres de 37 y 39 años, todos de nacionalidad española.
Según la Guardia Civil, las infracciones detectadas pueden acarrear sanciones de entre 6.000 y 30.000 euros, así como el cese temporal de la actividad comercial.
En las inspecciones realizadas por la Guardia Civil se intervinieron 4.932 botes de tinta para tatuajes. Están valorados en casi 69.000 euros y los infractores los tenían puestos a la venta al público sin haber sido sometidos a ningún tipo de homologación o control sanitario.
Los botes decomisados procedían de países como Reino Unido, Austria, Dinamarca y especialmente de Estados Unidos. Fueron introducidos sin control aduanero y ninguno estaba correctamente etiquetado.
Los dueños de los botes de tinta no tenían factura alguna ni el Documento Único Administrativo (DUA) que acompaña a todo producto importado o exportado del territorio nacional.
Los botes de tinta incautados por la Guardia Civil han sido puestos a disposición de la Administración de Aduanas de Alicante y de la Conselleria de Sanidad.
La Guardia Civil informó ayer de que en una de las inspecciones realizadas en un local de Elda los agentes observaron al llegar que un trabajador del establecimiento estaba cargando un vehículo con botes de tinta procedentes de Estados Unidos y sin etiquetar. Además tenía etiquetas sueltas de una conocida marca de tinta, por lo que los agentes sospechan que el objetivo era pegarlas luego en los botes para aparentar su legalidad y no ser descubiertos en caso de una inspección.
Las inspecciones concluyeron con 32 sanciones administrativas referidas al decreto del Consell sobre normas que rigen la práctica del tatuaje y otras técnicas similares, así como a los requisitos de funcionamiento de este tipo de establecimientos.
