Unidos contra la violencia de género. La Audiencia de Alicante sienta desde ayer a jueces, fiscales, abogados, forenses, trabajadores sociales y miembros de las Fuerzas de Seguridad para aunar esfuerzos en la lucha contra esta lacra social a través de la Comisión Provincial contra la Violencia de Género. Evaluar el estado de las órdenes de protección de las víctimas o adoptar medidas que permitan detectar con mayor precisión situaciones de riesgo serán algunos de sus cometidos. La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro del Observatorio contra la Violencia de Género Carmen Llombart apadrinó ayer, junto al presidente de la Audiencia Juan Carlos Cerón y la Subdelegada del Gobierno Araceli Poblador, la creación de este órgano, que se reunirá tres veces al año para poner en la mesa con qué dificultades se encuentran en el día a día los profesionales en esta materia.

La reunión de ayer fue una primera toma de contacto entre los distintos colectivos profesionales y tanto Cerón como Llombart se mostraron partidarios de ampliarla a una perspectiva de género y, por lo tanto, a los diversos delitos y formas de violencia que padecen las mujeres por el hecho de serlo. No sólo en el ámbito de la familia sino también en los relativos a la libertad sexual.

La creación de estas comisiones provinciales forma parte de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su puesta en marcha parte de un acuerdo del propio CGPJ para reforzar la coordinación y facilitar la interlocución de los estamentos implicados. Profesionales coordinados desde un punto de vista jurídico y técnico para ahondar en la protección de las víctimas y detectar posibles errores en el sistema de protección. A lo largo de los últimos meses distintas provincias han ido creando las suyas, por lo que el presidente de la Audiencia Juan Carlos Cerón valoró que la iniciativa suplía un vacío que la provincia tenía en este ámbito.

Una de los puntos tratados ayer fue la renovación tecnológica de las pulseras telemáticas que llevan las víctimas para protegerse de sus maltratadores, que pasan del 2G al 3G, y que emiten una alerta cada vez que uno de los agresores vulnera la orden de alejamiento. Un cambio de sistema que mejorará los sistemas de detección, aunque Juan Carlos Cerón se mostró confiado en que en un futuro no demasiado lejano deberían actualizarse también al sistema 4G.

Los integrantes de la comisión incidieron en que se analizarán desde situaciones puntuales a propuestas para hacer más efectiva la protección de las víctimas y reforzar los mecanismos de prevención. Todos los acuerdos e iniciativas que se adopten, así como posibles problemas que se detecten serán trasladados al CGPJ.

Propuesta de reformas

En este sentido, Llombart recordó que desde el Observatorio habían realizado una propuesta para que la confesión de un crimen machista no permitiera al agresor reducir su condena en el momento del juicio, después de analizar varias sentencias con casos reales y detectar que hasta en un 31% de los condenados se amparaban en esta situación. También citó el hecho de que en diversas resoluciones ya se esté aplicando la agravante de género.

Preguntada sobre si determinadas fuerzas políticas estaban usando el problema de la violencia de género, Llombart aseguró que ésta «no es una arma política, sino que es una realidad social». De todos modos, evitó polemizar con esta cuestión señalando, que el cometido de los jueces es hacer cumplir las leyes que les llegan desde el Parlamento.