El taxidermista de Mutxamel investigado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante en la operación contra el tráfico ilegal de especies protegidas presentada la semana pasada fue exculpado a principios de año de la denuncia penal al acordar una juez de San Vicente el archivo de las diligencias abiertas en 2018 por un delito contra la fauna y flora silvestre.
Así figura en un auto del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig, fechado el pasado 9 de enero, donde la juez decreta el sobreseimiento provisional de la causa penal tras solicitarlo la Fiscalía al considerar que no consta que el taxidermista de Mutxamel traficara con especies.
El juzgado deja además sin efecto «la intervención y depósito judicial» de los especímenes acordados el 28 de agosto de 2018, sin perjuicio de lo que se pudiera acordar en el correspondiente expediente administrativo.
Según el taxidermista, es falso que la Guardia Civil le requisara 70 especies después de ofrecerse voluntariamente a que inspeccionaran su domicilio y asegura que la intervención sólo afectaba a tres animales naturalizados que proceden de zoos.
La inclusión por la Guardia Civil del taxidermista de Mutxamel como uno de los seis denunciados en la operación contra el tráfico de especies ha causado gran malestar en el afectado porque afirma que la versión de los hechos ofrecida por el Seprona es «muy distante de la realidad».
Inventario de fauna
En este sentido, ha explicado a este diario que la Guardia Civil realizó en julio del pasado año un levantamiento de actas e inventario de fauna en su casa donde «no se reflejaba ilicitud alguna» y, sin embargo, poco después presentaron la denuncia penal que ahora ha sido archivada.
El Seprona, añade el taxidermista, le imputó «delitos infundados», no sólo contra la flora y fauna, sino también por un delito contra el patrimonio histórico artístico por dos réplicas de ánforas que tenía en su casa y que las había comprado en un comercio de Águilas por 35 euros cada una.
El archivo del juez afecta a todas estas denuncias penales del Seprona, según el afectado.
El taxidermista ha asegurado a este diario que «llevo más de 25 años trabajando y jamás he traficado con especies protegidas». Afirma que tiene un reconocimiento nacional e internacional como profesional de la taxidermia y señala que siempre ha realizado su trabajo «de forma legal y bajo el epígrafe jurídico de arrendamiento de servicios».
El taller de taxidermia, según su responsable, no ha sido desmantelado como sostiene la Guardia Civil y ha permanecido abierto en todo momento desde la inspección del pasado año.
Asimismo, explica que todos los animales naturalizados que tiene en su domicilio «se encuentran legalmente con su documentación pertinente», certificados que afirma que entregó al Seprona.
Por otro lado, el taxidermista niega que arroje residuos al alcantarillado como dice la Guardia Civil porque las pieles con las que trabaja le llegan curtidas por un especialista de Albacete.
El especialista en naturalizar animales afirma igualmente que, una vez el juzgado archivó la denuncia penal a principios de enero, el Seprona le denunció de forma «infundada» ante la Inspección de Trabajo.
Recibió la visita de un inspector de Trabajo, le exhibió la documentación requerida y en dos días archivó el expediente al ver todo «correcto», según aclara el afectado.
