El alcalde de la localidad alicantina de Planes y vicepresidente sexto de la Diputación Provincial, Francisco Javier Sendra (PP), mostró ayer su «tristeza y dolor» entre lágrimas por el fallecimiento de un joven durante las fiestas de la Plantà del Xop en marzo de 2012, una muerte por la que ha sido juzgado en un juicio que ayer quedó visto para sentencia y en el que Fiscalía mantiene la petición de un año de prisión para él y el que fuera su concejal de Fiestas, Vicente Manuel Catalá, por homicidio por imprudencia grave.
Las defensas solicitaron la libre absolución porque consideran que carecían de «toda responsabilidad» y pidieron a la juez que exculpe a ambos. En el suceso resultó herido con una fractura otro joven, aunque éste ha renunciado a ser indemnizado. Durante el uso de su derecho a la última palabra, el primer edil afirmó que no se volverán a celebrar esas fiestas mientras dependa de él y pidió perdón a la familia, presente en la sala. «Mientras de mí dependa, no se va a celebrar más la Plantà del Xop», indicó el primer edil.
Las palabras de Serna fueron acogidas con escepticismo por la madre del fallecido que ayer al término de la vista oral manifestó a la Cadena Ser que durante todos estos años nadie del ayuntamiento les había perdón por lo ocurrido con su hijo.
El fiscal sostiene que «no se adoptaron las medidas pertinentes» en materia de seguridad y que participó «gente no instruida» en un festejo donde existe un «riesgo potenciado» y supone un «peligro», más allá de una tradición.
«Se hubiera podido evitar lo ocurrido con unas eficientes medidas de seguridad», manifestó el ministerio público, quien alternativamente pide para los acusados el pago de una multa de 900 euros y las costas procesales por un delito de homicidio por imprudencia menos grave. Asimismo, el fiscal solicita una indemnización de 157.899 euros para los padres del fallecido.
Acusaciones
Por su parte, la acusación particular, en representación de la familia del fallecido, mantuvo su petición de dos años y cinco meses de prisión para cada uno y modificó la indemnización por responsabilidad civil hasta los 300.000 euros, además de solicitar la inhabilitación para ostentar cargo público durante el tiempo de la condena.
La familia entiende que el principal responsable de la seguridad durante los festejos es el Ayuntamiento de la localidad y que durante el juicio había quedado acreditado «de forma suficientemente clara» que se trató de una imprudencia grave por parte del consistorio. «El propio alcalde reconoció que las medidas dispuestas para la celebración de la fiestas fueron las de siempre, ninguna, algo que es competencia exclusiva y única municipal según la Ley», defendió la acusación particular.
La familia de la víctima considera que «existía un peligro claro y demostrado, pues no era la primera vez que ocurría algún accidente», tal y como relataron algunos testigos este martes.
Por último, las defensas han solicitado la libre absolución para los dos acusados. La defensa de Catalá Pastor manifestó que «no ha quedado ciertamente demostrado que el tronco se haya caído otras veces», pues es la primera vez que ocurre «una desgracia», y que «lamentablemente» las medidas de seguridad se instalan «a golpe de siniestro». Además, apuntó a que «nadie obligó a ir a la víctima», quien «era consciente» de que se estaba metiendo «debajo de un árbol».
La defensa del alcalde alegó que «ninguna medida de seguridad» hubiera evitado la muerte del joven. «No ha quedado acreditado realmente lo que ocurrió y si los hechos fueron fruto de una imprudencia grave del Ayuntamiento», señaló y añadió que tanto su defendido como su compañero «no han incumplido ninguna normativa». El juicio quedó ayer visto para sentencia.
