El descubrimiento hace tres semanas de casi 200 bombonas de butano vacías que tenía almacenadas un ciudadano nigeriano en Alicante activó los protocolos por el nivel de alerta antiterrorista, pero la Policía Nacional no tardó mucho tiempo en comprobar que no había motivo para alarmarse y el hombre fue detenido por apropiación indebida. El arrestado no tenía ninguna vinculación yihadista. Llegó en patera hace 16 años y se gana la vida como chatarrero y vendiendo objetos usados en el mercadillo de La Nucía. La actuación permitió constatar algo que ya han detectado las Fuerzas de Seguridad desde que se aumentó el control sobre las botellas de butano a raíz de los atentados en Cataluña: la existencia de una venta de bombonas de segunda mano que se comercializan en mercadillos de la provincia.
La célula yihadista que atentó hace dos años en Cataluña almacenaba más de cien botellas en un chalet que saltó por los aires con dos de los yihadistas y ello provocó un incremento de las medidas para prevenir ataques, entre ellas un mayor control sobre la comercialización de bombonas de gas con el fin de detectar alguna compra masiva sospechosa o a personas que hagan acopio de esta mercancía.
Este mayor control ha permitido comprobar no sólo ese mercadeo de bombonas de butano vacías en diferentes mercadillos de la provincia de Alicante, sino también el envío de estos envases a países de África donde se consideran un bien preciado y se cotizan a un precio mucho más elevado. Así, mientras que en países subsaharianos como Guinea se pueden ofertar a particulares a más de veinte euros, su coste en los mercadillos de la provincia no llega a los diez.
Por el momento, los casos detectados en la provincia han sido de inmigrantes que tratan de ganarse la vida y su perfil es contrario al de un yihadista. Uno de ellos es el de un chatarrero originario de Nigeria al que la Policía Local de Alicante le intervino el pasado 29 de diciembre 176 bombonas de gas, todas vacías excepto tres. El elevado número de bombonas hizo activar los protocolos policiales dado el nivel de alerta antiterrorista y la Policía Nacional pudo verificar posteriormente que el chatarrero no tenía vinculación alguna con el yihadismo. Todo lo contrario, llegó a España en patera hace 16 años y, según explicó esta semana a este diario, trabajó una década en un matadero y ahora se gana la vida recogiendo chatarra y vendiendo bombonas vacías de butano y otros efectos en el mercadillo de La Nucía.
«Cobro seis euros por cada una y en un día me pueden comprar diez», afirmó este padre de familia mientras tenía a su mujer ingresada para dar a luz a su tercer hijo. «Las recojo de la basura o me las dan en domicilios, aunque también he comprado algunas en el mercadillo de Teulada a cuatro euros», explica este inmigrante, que parece ajeno al peligro de almacenar cerca de 200 botellas en su casa del barrio Virgen del Remedio.
Colaboración ciudadana
La actuación tuvo lugar el pasado 29 de diciembre por la Policía Local de Alicante. Se recibió una llamada de un ciudadano que comunicaba la presencia de una persona que estaba cargando una treintena de bombonas en una furgoneta. Al llegar los agentes comprobaron que la furgoneta estaba repleta de botellas -83- y el dueño del vehículo les indicó que se las fue encontrando por la calle y que en su casa tenía más.
La Policía Nacional fue alertada dada las características de la intervención y ya se encargó de instruir las diligencias. Además de los envases que tenía apilados en su furgoneta, el chatarrero almacenaba dentro de la casa otros 93 y fue acusado de apropiación indebida. Las bombonas fueron devueltas a Cepsa y a Repsol, mientras que la Policía Local le intervino la furgoneta al figurar que estaba dada de baja.
En otra actuación similar de septiembre de 2017, la Policía Nacional intervino unas 140 botellas en un bajo de Alicante tras la llamada de un vecino. El dueño era un ciudadano de Guinea que dijo que las compraba a 20 euros para mandarlas a su país en un contenedor.
La normativa legal impide tanto este tipo de almacenaje en viviendas y su transporte en vehículos particulares se restringe a sólo dos botellas, además de no poder llevarse tumbadas, como las 83 descubiertas en la furgoneta.
Al margen de los controles que puedan hacer por otras vías, las Fuerzas de Seguridad han estrechado sus contactos con las distribuidoras de Repsol y Cepsa en la provincia para actuar en caso de cualquier operación sospechosa de compra de bombonas. La colaboración ciudadana también es fundamental para detectar a un particular que acumule un número elevado de botellas.
La provincia con más consumo
Una distribuidora de Repsol afirman que «no es preocupante la situación» de este mercado negro y destaca que Alicante es la provincia con un mayor consumo de gas envasado. «Entre cinco y seis millones de bombonas cada año», puntualizan desde Cepsa.
La mayoría de las botellas intervenidas al chatarrero eran de Cepsa y tras su devolución a la empresa se ha comprobado por su trazabilidad que «gran parte de los envases proceden de la Marina Alta, donde puede que se vendan en mercadillos de esa zona o de la Vega Baja», afirma su distribuidor, quien señala que Aduanas también ha detectado algún contenedor con bombonas en el puerto de Valencia.
El origen de estas bombonas es amplio, ya que las tiran a la basura, las roban o también las regalan directamente, entre otras vías. Uno de los motivos de que haya demanda de este producto en los mercadillos es su adquisición sin necesidad de identificación. «Hay extranjeros que se muestran reticentes a la hora de facilitar su identificación, pero no tiene sentido», afirman desde la distribuidora de Cepsa. Una vez disponen del envase vacío el comprador ya puede ir a adquirir una llena sin aportar sus datos.
