Hace cuatro años la consellera de Justicia Gabriela Bravo mostraba su indignación al ver las condiciones en las que desarrollaba su trabajo el personal de la Fiscalía de los juzgados de Benalúa. Tras anunciar que la reforma de las instalaciones iba a ser una prioridad para su Conselleria, ayer, cuatro años después, Bravo realizó visitas a las nuevas dependencias del Ministerio Público recién remodeladas tras una inversión de 138.000 euros.
Una obra que no terminaba de salir, en los años más duros de los recortes, y que desde la Conselleria siempre se ha dicho que era «prioritaria» para este mandato. Ayer recorría las oficinas acompañada del fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, el juez decano, Salvador Bellmont, y representantes de los colegios de Abogados y Procuradores.
«No se podía seguir tolerando que fiscales y funcionarios trabajaran en unas condiciones indignas», aseguró. La nueva sede de la Fiscalía se ha acondicionado dentro de Palacio de Justicia en la zona que antes ocupaban los juzgados de Familia y parte de los colegios profesionales. Durante la visita, Bravo anunció que hoy se iba a firmar el proyecto y la dirección de obra para lo que será la futura Ciudad de la Justicia de Alicante y que ha sido adjudicado a la mercantil Ayesa. La previsión es terminar el proyecto en cuatro años con una inversión de 35 millones de euros, para los que 800.000 euros se destinarán para iniciar el proyecto antes de que acabe el año. En esa reunión se empezarán a perfilar las directrices de por dónde irá el proyecto y que se dará a conocer antes de final de año.
Desde finales de año, la Fiscalía de los juzgados de Benalúa ha sido trasladada a las nuevas dependencias. Cuando antes había fiscales hacinados trabajando en un solo habitáculo y expedientes acumulados por los suelos, ahora cuentan con 17 despachos para los 15 fiscales y con zonas previstas para posibles ampliaciones. De un espacio de 490 metros cuadrados que antes había en las oficinas del Patio de los Naranjos, ahora se ha pasado a una superficie de 1.200. El traslado ha tenido desigual acogida entre el personal. En la Fiscalía están encantados. Los juzgados de Familia, los antiguos inquilinos de estas oficinas, han sido trasladados a otros locales alquilados fuera del edificio y el personal ha presentado varias denuncias por las condiciones de dicho inmueble.
Reparto de dependencias
La consellera de Justicia confirmó ayer que la idea es sacar a todos los juzgados que hoy ocupan las dependencias de la antigua cárcel, así como los que se encuentran en locales alquilados, y llevarlos al nuevo edificio. Una vez desalojado, el viejo inmueble se destinará a albergar servicios relacionados con la Justicia, así como ser sede del Instituto de la Memoria Histórica. Los juzgados de Pardo Jimeno continuarán albergando las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativo.
Está previsto que en el nuevo edificio se concentren los juzgados de Instrucción, Penal, Civil, la Fiscalía y la Audiencia Provincial, para la que hay espacio previsto en la parcela en la que se levantará el inmueble.
«No vamos a escatimar en calidades», aseguró ayer Gabriela Bravo, que sostuvo el edificio para la Ciudad de la Justicia de València proyectado por el PP «nació enfermo», motivo por el que ahora estaban surgiendo problemas en el inmueble. «Será un edificio del siglo XXI con posibilidad para seguir sufriendo», dijo Bravo, que añadió que «nosotros venimos con realidades, no con Powerpoints».
