El Tribunal de Enjuiciamiento de Tamaulipas (México) condenó ayer a 47 años de prisión por un delito de feminicidio a Jorge Fernández González, marido de la valenciana Pilar Garrido Santamans, asesinada en el estado mexicano de Tamaulipas en el verano de 2017. El fallo, que será recurrido por la defensa, se produce después de ser declarado culpable del crimen.
Además, la condena incluye una multa de 471.000 pesos (más de 21.600 euros) como reparación de daño, entre los que se incluyen los gastos funerarios y la indemnización a la madre de la víctima, que estudió en el CEU de Elche. El cómputo de la condena comienza el 29 de agosto 2017, cuando fue encarcelado. El tribunal ha convocado para mañana una audiencia de explicación de sentencia.
La Fiscalía había solicitado una pena de 50 años de prisión y 1.000 días de multa para Fernández y una reparación por 471.297 pesos (más de 21.600 euros). El delito de feminicidio está tipificado con entre 40 años y 50 años de prisión. El tribunal ha reducido la pena de 50 a 47 años al considerar que el sentenciado no es de «peligrosidad máxima», señaló a Efe el abogado defensor Jesús Eduardo Govea.
«Lo condenan a la pérdida de la patria potestad de su hijo y a la pérdida de derechos sucesorios respecto de su cónyuge, pero no puede perder tampoco el derecho fundamental de convivencia de su hijo», agregó el letrado.
«El fallo no es definitivo; aún se tienen instancias. En este caso, la apelación, que es la segunda instancia. Y si fuera necesario se tienen medios de control constitucional, como el juicio de amparo» a nivel federal, apuntó el abogado. «Tengo la seguridad de que lo vamos a sacar adelante y vamos a librarlo. Pero esto nos llevará tiempo», dijo Govea, quien apuntó que hay un interés «político» en este mediático caso, aunque reconoció no tener pruebas al respeto.
Móvil
Por último, denunció la falta del móvil del crimen en la versión de la Fiscalía estatal, que consideró que Garrido murió estrangulada tras ser golpeada.
Pilar Garrido, de Massalavés (Valencia), fue secuestrada en Tamaulipas el 2 de julio de 2017 cuando viajaba junto a su marido y en compañía de su hijo, de corta edad.
Semanas después, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de este estado mexicano confirmó que los restos óseos localizados el 26 de julio en un paraje cercano correspondían a la desaparecida. La familia solicitó una segunda prueba de ADN en España y se confirmó.
Durante la investigación, la Policía mexicana trató de corroborar el testimonio facilitado por el marido, que fue interrogado en calidad de testigo. A finales de agosto, el marido fue arrestado como principal sospechoso del asesinato de su mujer. Tras su ingreso en prisión provisional, la familia aseguró que las pruebas no eran «concluyentes» y la madre se desplazó hasta Tamaulipas para traer al niño.
La hermana relató en una rueda de prensa que las autoridades mexicanas no les dieron «las suficientes pruebas que demuestren al 100 por cien que el culpable es Jorge» y agradeció a la Generalitat Valenciana que costeara la repatriación del cuerpo de Pilar.
La Fiscalía aseguró, no obstante, que contaba con las pruebas suficientes para acusar formalmente al marido de Pilar.
