Cerca de 300 establecimientos, en su mayoría bares, pero también casas de apuestas, fueron inspeccionados y sancionados entre el martes y ayer en toda la Comunitat Valenciana en una macrooperación contra el pirateo de la señal televisiva en las retransmisiones de fútbol de La Liga Española, que ha sido desarrollada de manera simultánea en toda España bajo la dirección de la Brigada Central de Ciberdelincuencia (BCC) de la Policía Nacional.

La bautizada como Operación Themys se puso en marcha a las 22.00 horas del martes en todas las provincias españolas -entre ellas, las tres valencianas- donde La Liga había detectado emisiones fraudulentas. Sólo en València, estaba previsto sancionar a los dueños de 163 establecimientos en el cap i casal y en municipios de la provincia -entre otros, Torrent, Sagunt, Gandia y Alzira-.

En Alicante, se esperaba actuar contra más de un centenar de establecimientos, la mayoría de ellos (73), en Benidorm y frecuentados por aficionados ingleses. A ellos se le suman más de 20 en Alicante y otros tantos en Alcoi, Elx y Torrevieja. En Castelló, estaba previsto inspeccionar más de medio centenar de bares.

La investigación abierta por la BCC partió de una denuncia presentada por los representantes de La Liga tras detectar miles de emisiones fraudulentas en todo el país, tanto con decodificadores ilegales -comprados de manera libre para captar con ellos la señal pirateada- como con aparatos legales, pero en los que se contrataba únicamente una licencia para particulares, pero se usaba en emisiones multitudinarias en bares y casas de apuestas.

La auditoría encargada por La Liga a sus inspectores destapó más de 4.000 emisiones ilegales en otros tantos establecimientos, que fueron advertidos por carta de que habían sido descubiertos. Eso fue después del verano. En la misiva, se invitaba a los sospechosos a subsanar la irregularidad -contratando legalmente la emisión pública de los partidos de fútbol- y se les advertía que, de lo contrario, se actuaría contra ellos.

Alrededor de 1.900 bares persistieron en las emisiones piratas, lo que provocó la denuncia ante la BCC. Tras elaborar un listado de «sospechosos», los ciberagentes de la brigada central diseñaron una operación conjunta en toda España para los días 11 y 12, para que los agentes desplegados actuaran en plena emisión de los partidos de la Champions League y de la Europa League.

Sin embargo, en muchos de los locales inspeccionados o estaban cerrados o no se estaba emitiendo fútbol en el momento de la intervención policial.

En los que sí se daba esa situación, los agentes retiraron los decodificadores y citaron a los dueños como investigados para comparecer ante la policía como presuntos autores de un delito contra la propiedad intelectual.

La Liga afirma que el fraude anual es de más de 500 millones de euros, que es la cuantía que, según ellos, dejan de ganar por las emisiones fraudulentas, para las que únicamente tienen autorización Movistar, Vodafone y Orange.