Políticos, enfermos crónicos, agricultores, científicos, consumidores lúdicos, abogados, empresarios y comunicadores se han conjurado estos días en València en un congreso que quiere impulsar la opinión pública española hacia el sí a la regulación del cannabis y mostrar con hechos y datos que arrinconar a los cannabinoides en el rincón de las drogas duras ilegales ha sido y es un error. «Empecemos diciendo que la ley que afecta al consumo de cannabis es preconstitucional y que no se ha tocado desde 1967», cuenta Héctor Brotons, director del gabinete jurídico de Alicante Brotsanbert y uno de los mayores expertos legales del país en marihuana..
La capa profunda del movimiento está formada por la extensa red de clubes de usuarios de cannabis que hay en el país. Son asociaciones de consumidores que aprovechan la indeterminación de la ley para producir y consumir. Se han ido extendiendo, con casi tantas aperturas como cierres, durante los últimos quince años hasta sumar centenares de ellos en el país. Hay cerca de 50 en la provincia, según la web Weedmaps.com.
Existen porque la laguna legal española, al penalizar el tráfico pero no perseguir el cultivo para consumo propio en espacios privados, forma un grupo de charcos por donde los miembros de estas asociaciones pueden ir saltando hasta completar el circuito del cultivo, transporte y consumo de la marihuana. Brotons conoce bien este modelo y lo defiende. «Son colectivos que se organizan para autoproveerse de cannabis. Es lo que hizo la sociedad civil ante la frustración de no ver modificaciones legislativas. El proyecto fue acogido por la clase académica entendiendo que era legal y que no entraban en el tipo penal», cuenta el especialista alicantino.
A nadie escapa que la alegalidad también parapeta a los narcos y que muchos clubes son una tapadera para disimular tráfico puro y duro. «Por eso se pide la regulación, para que no haya espacios oscuros sin controlar. Muchos colectivos aprovecharon ese hueco para proyectos que era dudoso que no tuviesen ánimo de lucro», admite.
La primera sentencia del Supremo sobre un club, tras muchos años de decisiones contradictorias en tribunales menores, se emitió el 7 de septiembre de 2015: el pleno condenó a una asociación del País Vasco con 250 socios. Aplicó, según el jurista, el criterio «preconstitucional» de que sólo se puede consumir esta sustancia bajo autorización de la Agencia Española del Medicamento. Fue un golpe duro, pero no el fin de estos locales. Brotons asegura que con el posicionamiento del alto tribunal «no se ha terminado con el modelo de club social». «Una sentencia del Supremo tiene mucha fuerza, pero no es ley. El resto de juzgados pueden desmarcarse de su doctrina siempre que lo justifiquen de forma razonada», asegura.
