Un juzgado de Alicante sentará en el banquillo a los productores Gerardo Herrero, Javier López Blanco y José Enrique González Macho por un presunto fraude de subvenciones y falsedad en documento público. La Fiscalía sostiene que inflaron los datos de recaudación de la película «Paisito»· (2008) para acceder a las subvenciones que se otorgan por el Ministerio de Cultura al cine español. El filme es una coproducción hispano-uruguaya que cuenta una historia que tiene como telón de fondo los efectos de la dictadura en ese país sudamericano y en la que una buena parte de sus espectadores acudieron a las sesiones matutinas, con aforos de más de un 90%. El domicilio en Alicante de una de las mercantiles implicadas ha determinado que las presuntas recaudaciones bajo sospecha de la película «Paisito» se enjuicie en esta provincia.
Para cada acusado, la fiscal reclama penas que suman cuatro años de prisión, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. También pide la devolución de la subvención de 694.556,65 euros recibida en 2011.
En su día la Fiscalía investigó cerca de medio centenar de películas españolas con recaudaciones que podrían estar infladas y que acabaron repartidas entre varios juzgados de Madrid. Estas investigaciones se iniciaron a raíz de los mecanismos de control establecidos por el Ministerio de Hacienda en el año 2014 para verificar la recaudación real de las películas subvencionadas por el Gobierno. Una de estas piezas separadas se va a juzgar en Alicante.
El primero de los acusados es el director y productor Gerardo Herrero, que ha estado muy vinculado a la Ciudad de la Luz y donde ha rodado algunas de sus películas. El filme investigado es ajeno al complejo cinematográfico. Herrero y el productor Javier López Blanco eran administradores de derecho de la productora Tornasol films, la responsable del filme investigado. Por su parte, Enrique González Macho fue presidente de la Academia del Cine entre abril de 2011 y febrero de 2015, fecha en la que presentó su dimisión por razones estrictamente personales. A finales de ese mismo año fue formalmente imputado por otro presunto fraude en las cifras de recaudación de películas. González Macho es consejero de las mercantiles responsables de salas de cine donde se proyectó la película, así como administrador de Alta Films que ostentaba los derechos de explotación de la película.
En el año 2009 se estrenaron taquillazos como «Avatar», «Up», «Malditos Bastardos» y «Gran Torino», mientras que el cine español conseguía otros éxitos como «Ágora», «Celda 211» y «Fuga de cerebros». En la revisión de los datos de taquilla, a los investigadores les llamó la atención que una película no comercial hubiera estado logrando aforos de hasta un 90% en salas de cine vinculadas a alguno de los investigados en las sesiones de mañana, con asistencia de espectadores muy superiores a las que tenían los pases de por la tarde y por la noche. «Paisito» cosechó buenas críticas en su día en la prensa especializada, pero sus resultados en taquilla fueron más modestos.
Según los certificados de taquilla, «Paisito» entre el 24 de julio de 2009 y el 23 de julio de 2010 obtuvo una recaudación bruta de 336.270 euros, cifras que le permitieron acceder a la subvención. La cantidad mínima recaudada exigida por el Ministerio de Cultura era de 330.557 euros.
La Fiscalía considera que los datos de recaudación ofrecidos por los acusados eran falsos y estaban amañados. El 92,47% de los datos de taquilla correspondía a nueve de las 51 salas cinematográficas donde se proyectó la película. Y una cuarta parte del dinero recaudado era en sesiones matinales de cinco de estos nueve cines. En algunos casos, el aforo de la sala en estos pases matutinos superaba el 90 por ciento. Frente a los más de 200 espectadores que había en las salas por la mañana, la cifra se reducía a medio centenar en los pases de la tarde y la noche.
La fiscal reclama dos años de la cárcel y una multa de 700.000 euros para los acusados por un delito de fraude de subvenciones; así como otros 24 meses de cárcel por falsedad de documento público. Para las diez mercantiles implicadas se reclama una multa de 1,3 millones por fraude fiscal.
