Entre esta semana y la que viene podría quedar adjudicada la redacción del proyecto para la Ciudad de la Justicia de Alicante, según explicó ayer la consellera de Justicia de la Comunidad Gabriela Bravo. en una rueda de prensa para presentar los presupuestos de su departamento para 2019. Para este proyecto, se han previsto 881.000 euros el año próximo que cubrirán la redacción de éste y las primeras certificaciones de obra. El grueso de la inversión se reparte entre 2020 y 2021 (con 17,4 millones cada año) para levantar el nuevo edificio, cifra a la que se suman otros 24,5 millones para la rehabilitación del actual Palacio de Justicia de Benalúa. Bravo aseguró que la Ciudad de la Justicia de Alicante era una «prioridad» para su conselleria, considerando un «agravio» que ésta sea la única capital de provincia «sin una sede adecuada» a la importancia de la ciudad y de sus profesionales.
El Plan Infraestructuras Judiciales hasta 2021 prevé 89,3 millones en la provincia, que además de la Ciudad de la Justicia se destinará a las instalaciones de Torrevieja (1,1 millones); La Vila Joioisa (2,5) y Orihuela (1,5). También se destina un millón de euros para habilitar un nave que solucione la falta de espacio de archivos judiciales.
El presupuesto de Justicia para 2019 asciende a 364,6 millones (un 15% más que el año pasado), de los que 107 irán destinados a la provincia de Alicante. Según Gabriela Bravo, «es la cifra más alta destinada a Justicia en la historia de la Comunidad».
Para la puesta en marcha de nuevos juzgados, la Conselleria ha previsto un millón de euros tras reclamar al Ministerio de Justicia la creación de ocho unidades judiciales. Para la ciudad de Alicante, dos juzgados civiles y uno penal especializado en malos tratos. Para Elche, tres: un Penal, un Contencioso y un Social. Finalmente se pide el segundo juzgado de lo Social en Benidorm y otro en Torrevieja de pleitos civiles.
Desde Justicia se subrayó que Alicante ha sido la provincia española junto con Barcelona en la que este 2018 se crearon mayor número de juzgados, un total de ocho. Su puesta en marcha supuso para el Consell, una inversión de 1,4 millones.
Para el año que viene, Justicia ha previsto 68 millones para sufragar los gastos de personal de todos los juzgados y garantizar las sustituciones. Para refuerzos judiciales se han destinado cinco millones. En la actualidad, hay 464 funcionarios reforzando juzgados colapsados frente a los 50 que había en 2015.
Otras partidas destacadas para la provincia son 18 millones para Justicia gratuita; dos millones para las oficinas de asistencia a víctimas del delito; medio millón para las nuevas unidades comarcales de valoración forense en Elche, Benidorm y Alcoy; y 80.000 euros para la creación de un gabinete psicosocial en Dénia.
