La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el exalcalde de Sax Vicente Gil y su edil de Obras Públicas Pedro Nieto por un caso de presunta corrupción en el arreglo de caminos rurales. La Audiencia Provincial celebrará en dos semanas el juicio en el que ambos políticos están acusados de un delito de prevaricación. Según el escrito de acusación, los hechos habrían ocurrido entre julio de 2014 y mayo de 2015, cuando él exprime edil y su compañero de corporación se reunieron con diferentes vecinos para pedirles dinero por el arreglo de caminos rurales.
El fiscal relata que estas gestiones se hicieron al margen de cualquier procedimiento, en el que los vecinos debían pagar en efectivo y en mano el dinero de las obras y sin recibir ningún tipo de justificante de los pagos. La acusacón pública sostiene que ambos procesados eran conocedores de que el procedimiento legal para poner en marcha estas obras era el de las contribuciones especiales a instancias de la intervención municipal. Ni informe de la intervención, ni de distribución de gastos, ni de valoración de obras, ni acuerdo plenario, ni procedimiento para adjudicar las obras. Todos estos trabajos se adjudicaron a dedo y a la mercantil Asfaltos Amaro, sita en la localidad de Petrer.
El fiscal señala que los vecinos que se negaban o se mostraban reticentes a este sistema eran presionados por los acusados para que aceptaran. Del dinero pagado no había constancia en los presupuestos y tampoco había constancia del coste real de estos trabajos, señala el escrito.
Entre las zonas afectadas por estas irregularidades estaba la partida Alto Mesonero, donde en julio de 2014 se reclamó a ocho vecinos que aportaran 700 euros cada uno (2,800 euros) para el arreglo y la pavimentación del camino. En la documentación sólo consta que se pagaron 4.232 euros por el total de los trabajos, sin mención a las aportaciones de los vecinos.
Otro tanto habría ocurrido en la partida Alta Zapatera, donde los vecinos debían abonar 8.164 euros para el arreglo. Del camino, un 40% de la obra corrspondería al Ayuntamiento. El fiscal relata que el dinero fue entregado a la hermana del empresario y que, a pesar de que estos pagaron la parte que les correspondía, no se llegó a terminar la ejecución de la obra. A pesar de las reclamaciones, el Ayuntamiento no dio respuesta a las demandas de los vecinos, ni se les devolvió el dinero.
El escrito de acusación relata el caso de otro vecino al que los acusados reclamaron 2.000 euros para hacer las obras de arreglo del camino a su casa, sin contribuciones pepeciales. Este vecino se negó a pesar de las presiones recibidas.
La Fiscalía sostiene que ademas los acusados encargaron a la misma empresa la ejecución de las obras de reparación, asfaltado, acondicionamiento y remodelación de varios caminos y calles públicas, eludiendo el procedimiento de contratación administrativa entre julio de 2104 y mayo de 2015. La mercantil recibido hasta 18 contratos de obras menores (inferiores a 50.000 euros).
