Diecisiete acusados de narcotráfico se declararon ayer culpables y aceptaron penas que varían entre uno y tres años de prisión durante un juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, según fuentes jurídicas.
Los procesados ratificaron ayer ante el tribunal esa conformidad después de que sus abogados llegaran a un acuerdo con la Fiscalía Antidroga, que incluye la rebaja de las condenas solicitadas inicialmente por la institución.
El juicio, que debía proseguir a lo largo de siete sesiones durante otros tantos días para concluir el próximo 5 de diciembre, ha quedado así visto para sentencia, según las fuentes consultadas.
La fiscalía solicitaba inicialmente penas de entre 15 meses y 9 años y 6 meses de prisión para los sospechosos por traficar con hachís y cocaína en las localidades alicantinas de Elda y Petrer.
El Ministerio Público ha eliminado de su calificación jurídica provisional el delito de integración en grupo criminal y ha mantenido únicamente los de tráfico de drogas (contra la salud pública) y encubrimiento.
Tal y como ellos mismos han reconocido, los acusados, que fueron detenidos en 2013, compraban hachís en Marruecos que introducían luego en España tras ingerir la sustancia en forma de bellotas.
Esa droga, así como pequeñas cantidades de cocaína, era vendida con posterioridad en sendos locales ubicados en las ciudades de Elda y Petrer. Los cabecillas de la red han aceptado la pena de tres años de cárcel, uno de ellos defendido por el letrado José Luis Sánchez Calvo. El resto de los acusados eran colaboradores de la red, encargados de la venta al menudeo o bien de guardar el dinero de la recaudación.
Por otro lado, la Sección Primera de la Audiencia juzgará hoy a otras veinte personas acusadas de traficar con drogas en diversos puntos de la provincia. El fiscal explica en su escrito que uno de los acusados, a partir del cual comenzó la investigación, era el encargado de vender la droga, para lo que se servía de los otros acusados, que se encargaban o bien de dar salida a las sustancias, sobre todo hachís, o bien de cobrar las deudas por las ventas. Durante las detenciones, uno de los acusados arrolló con su coche a un policía que participaba en el dispositivo y otro de los acusados forcejeó con un agente, que resultó contusionado. El fiscal pide penas de entre uno y ocho años de prisión por delitos contra la salud pública.
