La Audiencia de Alicante sentó ayer en el banquillo a cinco acusados de pertenecer a una red de prostitución de origen nigeriano que explotaba sexualmente a compatriotas en Benidorm y prostíbulos de localidades y provincias vecinas. La Fiscalía reclama nueve años de cárcel para la presunta cabecilla del grupo por delitos de trata de seres humanos y que se encuentra en prisión preventiva por estos hechos. El principal testimonio es el de una testigo protegida que denunció que en agosto de 2015 la organización se prevalió de su situación precaria para que ejerciera la prostitución para ellos, aunque debía saldar una deuda de 40.000 euros en concepto de los gastos por el traslado de Nigeria a España. La mujer fue obligada a prostituirse en locales de Benidorm, Gata de Gorgos, Marbella, Reus, Dénia y Ondara, entregando lo que ganaba a la red.