La Policía Nacional de Alicante precintó ayer un chalet de San Vicente del Raspeig que funcionaba como casa de citas tras acordar un juzgado su cierre temporal mientras se tramita la causa donde se investiga a este prostíbulo encubierto por delitos de prostitución, tráfico de drogas, contra el derecho de los trabajadores, blanqueo de capitales y delito fiscal. La clausura ordenada por una juez de San Vicente y ejecutada por la Policía se produce después de que el local continuara con las mismas presuntas actividades ilícitas que provocaron una intervención policial en mayo de 2017, según se recoge en el auto judicial. Fuentes policiales aseguran que esta decisión judicial es novedosa en la provincia.
La Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada de Extranjería de Alicante detuvo en mayo del pasado año a seis personas por presunta explotación sexual y laboral en una conocida casa de citas que operaba con el nombre de «Villa Marcela», situada en la calle Río Tajo de San Vicente. Según informó en su día la Comisaría Provincial, los explotadores imponían a sus trabajadoras unas condiciones gravosas, desproporcionadas y abusivas en cuanto a sus ganacias relacionadas con el ejercicio de la prostitución. En dicha intervención, realizada junto a miembros de la Agencia Tributaria, se incautaron de 22 envoltorios de un gramo de cocaína y casi 6.000 euros.
La Policía Nacional solicitó en enero al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente la clausura temporal de «Villa Marcela» porque el chalet seguía operando del mismo modo que cuando se realizaron las detenciones. Una mujer declaró en calidad de testigo protegida y dijo que se seguía traficando con droga y ejerciendo la prostitución en el chalet. La Policía indicó que «Villa Marcela» tiene una estructura de establecimiento donde se despacha alcohol y hay habitaciones donde se alojan los clientes con la chica que escogen.
Respaldo de la Fiscalía
La Fiscalía no se opuso a la clausura y el dueño alegó que es una vivienda unifamiliar donde no se realiza «actividad ilícita alguna».
Sin embargo, la juez entiende que procede la clausura mientras se tramita la causa -con un plazo máximo de cinco años- al existir, según el oficio policial, indicios de que se sigue «desarrollando la actividad de prostitución y tráfico de drogas que dio origen a las presentes actuaciones». Añade que cuenta con barra de bar y habitaciones numeradas y que la Policía ha comprobado que siguen ofertando servicios sexuales. Agentes de la UCRIF y de la Brigada de Seguridad Ciudadana acudieron ayer a «Villa Marcela» y precintaron la vivienda en presencia del encargado.
